El Gobierno negocia contrarreloj para asegurar la subida de las pensiones
El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se encuentra inmerso en intensas negociaciones para salvar la revalorización de las pensiones y otras medidas sociales tras el rechazo en el Congreso de su último paquete legislativo. La aprobación de un nuevo Real Decreto-ley que permita actualizar las pensiones en febrero está en juego, mientras continúa la incertidumbre sobre cómo afectará a otras políticas del denominado «escudo social».
Rechazo parlamentario y escenarios abiertos
La semana pasada, el Congreso de los Diputados rechazó el paquete de medidas presentado por el Gobierno con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Además de la revalorización de las pensiones, cayeron iniciativas como la prohibición del corte de suministros básicos, el bono eléctrico y ayudas para afectados por desastres naturales recientes. Sin embargo, la moratoria antidesahucios se ha convertido en el principal punto de fricción, especialmente para Junts, que justificó su voto negativo en este aspecto.
El Gobierno baraja distintas alternativas para lograr el apoyo necesario. Una de ellas es negociar directamente con Junts, aunque las relaciones entre el PSOE y esta formación catalana atraviesan un momento delicado desde hace meses. El año anterior fue posible alcanzar un acuerdo de última hora, pero la coyuntura actual se presenta más compleja.
División del decreto y búsqueda de apoyos
Otra opción sobre la mesa es dividir el paquete legislativo, presentando distintos reales decretos-ley según temática y dejando fuera temporalmente la moratoria antidesahucios. Fuentes de Moncloa aseguran que todas las posibilidades se están evaluando y que la decisión final dependerá de la garantía de suficientes apoyos parlamentarios. No se descarta, incluso, que la sesión del Consejo de Ministros de este martes no arroje novedades significativas si no se logra un consenso previo.
Desde el Gobierno destacan que el plazo para que las pensiones se revaloricen a tiempo aún permite cierta maniobrabilidad, ya que una posible aprobación el 10 de febrero permitiría cumplir sin afectar a los beneficiarios este mes.
Presión de los aliados y debate interno
El PSOE enfrenta la presión de sus socios habituales, que insisten en la necesidad de mantener intacto el conjunto de medidas sociales. Desde Sumar, el ministro de Cultura Ernest Urtasun subrayó que «tienen que salir adelante todas las medidas», mientras que Eva García Sempere, de Izquierda Unida, advirtió que no se puede obligar a elegir entre proteger las pensiones o mantener el resto del escudo social: «No hay que dejar caer a nadie».
Podemos, por su parte, ha jugado un papel relevante en los últimos días, alcanzando acuerdos con el Ejecutivo sobre la regularización de personas migrantes y mostrando flexibilidad para negociar la cesión de competencias migratorias a Cataluña, una demanda de Junts. La formación morada considera que corresponde al Gobierno encontrar la fórmula para garantizar tanto la revalorización de las pensiones como la protección de las personas afectadas por la caída de la moratoria antidesahucios.
Posición de otros grupos parlamentarios
ERC ha confirmado que mantiene conversaciones con el Gobierno, aunque rechaza cualquier propuesta que suponga una «reducción de derechos». No descartan la división del decreto, siempre que se respete el compromiso con todas las medidas sociales.
Desde EH-Bildu, partido que pactó con el Ejecutivo la última prórroga de la moratoria antidesahucios, se insiste en la importancia de la discreción para alcanzar un acuerdo global sobre el escudo social. Afirman que la prolongación de estas políticas sigue siendo un objetivo prioritario en sus conversaciones.
El papel del PP y la mayoría parlamentaria
El Gobierno también ha puesto el foco en la postura del Partido Popular. Pedro Sánchez, en un reciente acto público, reiteró su compromiso de revalorizar las pensiones «con o sin el PP», subrayando que esta promesa se cumplirá a pesar del rechazo de la oposición.
El presidente ha intensificado sus gestos políticos en busca de recomponer la mayoría parlamentaria que facilitó su investidura, ofreciendo concesiones tanto a Junts como al PNV. No obstante, Sánchez no asistirá al Consejo de Ministros de este martes debido a un viaje internacional, dejando en suspense la resolución de este complejo capítulo legislativo.
Un equilibrio delicado para el Ejecutivo
La legislatura avanza con dificultades para el Gobierno, que se enfrenta a la necesidad de sumar apoyos entre sus socios y la oposición para sacar adelante medidas clave para millones de ciudadanos. La decisión sobre la subida de las pensiones y el futuro del escudo social marcará, una vez más, la capacidad de negociación y estabilidad del Ejecutivo en un contexto político especialmente fragmentado.
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