El Gobierno impulsa una reforma histórica del Poder Judicial en medio de tensiones políticas
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la esperada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una iniciativa que el Ejecutivo presenta como “histórica y garantista”. La norma, impulsada por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, supone un giro significativo en la instrucción de causas judiciales, al proponer que esta competencia pase a manos de los fiscales, en vez de los jueces, tal como ocurre desde 1882.
Un cambio estructural en la investigación penal
La reforma pretende que la instrucción de los procedimientos penales sea responsabilidad del Ministerio Fiscal, lo que alinearía a España con la mayoría de países europeos. En palabras de Bolaños, el objetivo es modernizar y agilizar el proceso penal, dotándolo de mayores garantías y homogeneizándolo con los estándares europeos.
El ministro defendió la profesionalidad del Ministerio Fiscal ante las críticas de posibles injerencias políticas, afirmando: “Poner en cuestión la profesionalidad y la imparcialidad del Ministerio Fiscal me duele, pero sobre todo dolerá a los fiscales cuando escuchen este tipo de críticas”.
Contexto político complejo y críticas a la reforma
La aprobación de esta ley se produce en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, tras la ruptura con Junts y en plena polémica judicial por diversos casos de corrupción. En este contexto, asociaciones de jueces han advertido que la medida podría interpretarse como una posible injerencia del Gobierno en el poder judicial, dado el carácter jerárquico del Ministerio Fiscal, que responde al fiscal general del Estado, una figura vinculada al Gobierno.
Para mitigar estas sospechas, la reforma contempla la ampliación del mandato del fiscal general del Estado a cinco años, con la intención de que no coincida con el mandato del Gobierno en ejercicio.
Aplicación progresiva y diálogo parlamentario
Según ha explicado Bolaños, la nueva legislación no entraría en vigor hasta enero de 2028 y no afectaría a los procedimientos judiciales ya abiertos. El ministro ha subrayado que se trata de “una ley de país que podría estar en vigor más de un siglo”.
El Gobierno ha señalado su disposición a dialogar con todos los grupos parlamentarios para garantizar la aprobación de la reforma en el Congreso de los Diputados, aunque reconoce que la situación parlamentaria actual dificulta la viabilidad de cualquier iniciativa gubernamental.
Discrepancias internas y críticas de los socios
La reforma ha generado malestar no solo entre los partidos de la oposición y las asociaciones judiciales, sino también en el propio Ejecutivo. Sumar, socio de coalición del Gobierno, ha manifestado su rechazo a la propuesta de restringir la figura de las acusaciones populares, especialmente en lo que respecta a la exclusión de los partidos políticos de este mecanismo.
Fuentes de Sumar han anticipado que trabajarán para fortalecer la presencia de las acusaciones populares y para introducir garantías adicionales en la futura ley.
Claves de la reforma
- La instrucción de las causas penales pasará de los jueces a los fiscales.
- El mandato del fiscal general del Estado se ampliará a cinco años para evitar coincidencias con los gobiernos.
- La ley no afectará a causas abiertas y entrará en vigor en 2028.
- Se restringe la figura de la acusación popular, excluyendo a los partidos políticos, medida que genera desacuerdos en la coalición gubernamental.
Con este proyecto, el Gobierno busca una profunda transformación del sistema judicial español, aunque su futuro dependerá del consenso político que logre en las próximas semanas.
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