El Gobierno aprueba el Estatuto del Becario para combatir el fraude laboral en las prácticas
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del Becario. Con esta decisión, el Gobierno pretende poner fin a la figura del «falso becario» en las empresas españolas tras un prolongado proceso de negociación social que se ha extendido durante 15 meses y más de dos años de retraso en la tramitación.
Un acuerdo para proteger a los estudiantes en prácticas
La nueva normativa surge de un acuerdo bipartito entre el Ministerio de Trabajo y los principales sindicatos del país, CCOO y UGT, tras un intenso diálogo social. El objetivo principal es erradicar el uso fraudulento de las prácticas formativas, donde personas en formación son empleadas para cubrir necesidades productivas de la empresa sin remuneración ni derechos laborales.
Según recoge el texto, “la formación en la empresa no supondrá la existencia de relación laboral entre la empresa o entidad equiparada y la persona en formación”. Sin embargo, se establece que existirá presunción de relación laboral si la actividad desempeñada reemplaza funciones propias de un trabajador o no existe una vinculación directa con el programa formativo correspondiente.
La formación: un derecho, no una sustitución laboral
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha enfatizado que las empresas “no pueden sacar valor” de la actividad desarrollada por una persona en prácticas, subrayando que “la formación es para aprender, no para sustituir a personas trabajadoras”. De este modo, se busca garantizar que el periodo de prácticas cumpla con su propósito educativo y no se utilice para cubrir puestos de trabajo estructurales sin contrato ni derechos.
Nuevos derechos y garantías para los becarios
El Estatuto del Becario introduce una serie de derechos para quienes realicen prácticas no laborales. Entre los aspectos más destacados se encuentran:
- Compensación económica por gastos relacionados con la formación, como desplazamientos o manutención.
- Obligación de que exista un plan de formación detallado, supervisado tanto por la representación sindical de la empresa como por un tutor responsable (con un máximo de cinco personas en formación por tutor, o tres en centros de menos de 30 empleados).
- Prohibición de realizar prácticas en horarios nocturnos o a turnos.
- Límite del 20% de la plantilla del centro de trabajo en el número de personas en formación, aunque las empresas podrán contar siempre con al menos dos personas en prácticas independientemente del tamaño de la plantilla.
Estas medidas buscan garantizar un entorno de aprendizaje efectivo y evitar que las prácticas se conviertan en una forma encubierta de empleo precario.
Respuestas a las críticas universitarias
El Estatuto también afecta a las prácticas en universidades y administraciones públicas. Ante las críticas de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), especialmente en relación con la compensación económica obligatoria para los becarios, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha respondido que el verdadero problema radica en la insuficiente financiación de las universidades, competencia de las comunidades autónomas. Díaz ha instado a la CRUE a reclamar una financiación adecuada para evitar que las universidades dependan de becarios para cubrir puestos estructurales.
Impacto y próximos pasos
El anteproyecto de ley supone un avance significativo en la regulación de la formación práctica en empresas, universidades y administraciones públicas. Con este marco legal, el Gobierno aspira a garantizar una formación de calidad, con derechos y protección para quienes se encuentran en periodo de aprendizaje, erradicando prácticas abusivas y fraudulentas.
La nueva normativa será clave para mejorar la inserción laboral de los jóvenes y consolidar un sistema de prácticas basado en la equidad y la legalidad, alineándose con las exigencias del mercado laboral actual y las demandas sociales.
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