Nuevas medidas del Gobierno para regular el mercado del alquiler: incentivos fiscales y control de fraudes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la inminente aprobación de un Real Decreto-ley que introduce importantes novedades para intervenir en el mercado del alquiler en España. El objetivo, según ha destacado el propio Sánchez, es frenar la especulación, contener las subidas de precios y combatir los abusos y fraudes detectados en los contratos de alquiler, tanto de temporada como por habitaciones.
Bonificación fiscal para propietarios que no suban el alquiler
Una de las principales medidas que incluirá el nuevo Real Decreto-ley consiste en ofrecer una bonificación del 100% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los propietarios que renueven los contratos de alquiler manteniendo el precio, es decir, sin incrementarlo respecto al periodo anterior. Esta iniciativa busca incentivar la estabilidad de precios y compensar a los arrendadores que opten por no aplicar subidas a sus inquilinos.
El presidente ha señalado que cientos de miles de contratos deberán renovarse próximamente tras el periodo de contención de precios implementado durante la pandemia de la COVID-19. «Queremos poner todos los instrumentos a nuestro alcance para que esas renovaciones se produzcan sin aumentos en los precios de los alquileres», afirmó Sánchez, subrayando que la medida beneficia tanto a inquilinos como a propietarios responsables.
Regulación estricta de los alquileres de temporada y sanciones al fraude
Otra de las iniciativas destacadas es la regulación de los contratos de alquiler de temporada. El Ejecutivo establecerá condiciones más estrictas para que un contrato pueda ser considerado de temporada, además de implementar un régimen sancionador para quienes incumplan la normativa estatal sobre alquileres de corta duración.
Sánchez ha alertado sobre el aumento de este tipo de contratos, que generan incertidumbre y obligan a los arrendatarios a renegociar frecuentemente sus condiciones. Según el presidente, estas prácticas están contribuyendo a la precarización del acceso a la vivienda y a la proliferación de situaciones abusivas.
Límites al alquiler por habitaciones y control en zonas tensionadas
El Gobierno también planea legislar para frenar el abuso en el alquiler por habitaciones. A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, la suma de las rentas de cada habitación no podrá superar el importe que correspondería al alquiler de toda la vivienda. Además, en aquellas zonas declaradas como tensionadas, estos alquileres estarán sujetos a los mecanismos de control de precios que establece la actual Ley de Vivienda.
Sánchez ha insistido en la necesidad de intervenir el mercado para evitar que la vivienda se utilice como un instrumento de especulación, recalcando el compromiso del Ejecutivo para proteger a los hogares frente a la emergencia habitacional.
Impacto de las medidas y refuerzo de la vivienda pública
Según las estimaciones del Gobierno, estas medidas beneficiarán a los tres millones de hogares que actualmente residen en régimen de alquiler en España, garantizando mayor estabilidad y seguridad en el acceso a la vivienda.
El presidente también ha anunciado la continuidad de las políticas para aumentar el parque de vivienda pública. Entre las acciones más recientes destaca el inicio de las obras de la Operación Campamento en Madrid, que prevé la construcción de 10.700 viviendas asequibles, y la puesta en marcha de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, junto al nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros.
- Bonificación fiscal del 100% en el IRPF para quienes no suban el alquiler al renovar contratos.
- Regulación y sanciones para frenar el fraude en los alquileres de temporada.
- Límites al alquiler por habitaciones y control de precios en zonas tensionadas.
- Refuerzo del parque de vivienda pública y lucha contra la especulación inmobiliaria.
El Gobierno subraya que las nuevas medidas buscan proteger tanto a los inquilinos como a los propietarios que actúan de manera responsable, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible para toda la ciudadanía.
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