El fiscal asignado al caso del novio de Ayuso niega haber solicitado un pacto de conformidad
El fiscal Julián Salto, responsable de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de Madrid, ha negado rotundamente haber solicitado un pacto de conformidad al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Salto ha defendido que fue la defensa del investigado la que propuso llegar a un acuerdo, y no la Fiscalía, en el marco del proceso por presunto fraude fiscal.
Origen de la investigación y desarrollo del caso
La investigación se inició en mayo de 2022, cuando dos inspectoras de la Agencia Tributaria detectaron irregularidades en las declaraciones fiscales de 2020 y 2021 de la empresa Maxwell Cremona, propiedad de González Amador. La Fiscalía presentó formalmente la denuncia por fraude fiscal en 2024, lo que desencadenó la apertura de diligencias en los juzgados de Madrid por un supuesto fraude de 350.000 euros.
El caso adquirió relevancia mediática al conocerse la relación entre el empresario y la presidenta Ayuso. Julián Salto ha confirmado que tuvo conocimiento de este vínculo tres días después de la presentación de la denuncia, y que, de saberlo antes, lo habría comunicado a sus superiores por tratarse de un asunto con posibles implicaciones mediáticas.
Intercambio de correos y aclaraciones ante la Fiscalía
La polémica surgió tras la publicación de informaciones en algunos medios que sostenían que la Fiscalía había ofrecido un pacto al investigado, algo que Salto desmiente tajantemente. Según su testimonio, fue el abogado de González Amador, Carlos Neira, quien propuso un acuerdo y reconoció en nombre de su cliente la comisión de dos delitos fiscales.
Ante la confusión generada, Salto fue requerido por sus superiores, Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, y Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial, para que remitiera los correos electrónicos intercambiados con la defensa. Salto ha detallado que, aunque solo fue solicitado formalmente por Rodríguez, decidió enviar las comunicaciones a ambas responsables para garantizar la transparencia del proceso.
Reuniones y nueva información en el juicio
El fiscal también ha revelado que mantuvo una reunión el 12 de marzo de 2024 con Lastra y Rodríguez, en la que les informó de las negociaciones iniciadas por el abogado defensor. Este detalle supone un cambio respecto a su declaración inicial en la fase de instrucción, donde negó haberlo comentado. Solo Lastra había mencionado este aspecto anteriormente.
La reunión se produjo tras la publicación en prensa de la noticia sobre el supuesto fraude fiscal cometido por el novio de Ayuso, y aunque fue convocada para tratar temas de digitalización de expedientes, el asunto del caso González Amador se abordó ante el interés generado.
El fiscal Salto defiende la legalidad de las actuaciones
Julián Salto ha insistido durante su intervención en que nunca ha propuesto a ningún letrado un pacto de conformidad en sus dos décadas de carrera. «No es nuestro trabajo», ha subrayado, asegurando que la Fiscalía actuó en todo momento conforme a la legalidad y dentro de las competencias establecidas.
El fiscal también ha lamentado que uno de sus correos fuera filtrado al jefe de Gabinete de la presidenta Ayuso, y ha explicado que dicho correo solo respondía a una solicitud previa del abogado defensor sobre la posibilidad de un acuerdo, tras reconocer la comisión de los delitos investigados.
Cuestiones sobre el manejo de la información y dispositivos
Durante el juicio, el abogado de González Amador preguntó a Salto si había eliminado mensajes o correos de su teléfono móvil relacionados con el caso. El fiscal respondió que trabaja con su terminal privado y que no borró ningún dato, aclarando además que nunca ha trabajado en la Fiscalía General del Estado y desconoce los protocolos internos de dicha institución en materia de seguridad y manejo de información.
- La investigación comenzó en la Agencia Tributaria tras detectar irregularidades fiscales.
- La Fiscalía presentó denuncia en 2024 por un fraude de 350.000 euros.
- El fiscal Salto niega haber propuesto un pacto de conformidad y sostiene que la iniciativa partió de la defensa.
- Las comunicaciones y reuniones con sus superiores se produjeron tras la aparición de informaciones en prensa.
- Salto defiende la transparencia y legalidad de las actuaciones de la Fiscalía en el caso.
El caso sigue en proceso judicial y ha generado una relevante atención pública por la implicación de figuras políticas y el debate sobre la gestión interna de la Fiscalía en casos sensibles.
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