El exalcalde de Cantoria se enfrenta a un nuevo juicio por corrupción en la compra del Palacio de Almanzora

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El exalcalde de Cantoria afronta un nuevo juicio por la compra irregular de un palacio

Pedro Llamas García, exalcalde de Cantoria (Almería) por el Partido Popular, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por presunta corrupción, esta vez relacionado con la adquisición sin autorización administrativa del histórico Palacio de Almanzora. El caso se suma a dos condenas previas por delitos similares, una de ellas confirmada por el Tribunal Supremo.

Antecedentes de corrupción urbanística

El municipio de Cantoria, que cuenta con 3.592 habitantes, ha sido escenario en los últimos años de varios escándalos de corrupción vinculados a la gestión urbanística durante el mandato de Llamas, entre 2008 y 2013. En 2013, el Tribunal Supremo ratificó una condena de dos años de prisión y 23 meses de inhabilitación para Llamas por delitos relacionados con la concesión irregular de suministros a viviendas ilegales y la omisión del deber de perseguir delitos urbanísticos.

Compra sin procedimiento y pérdida de fondos públicos

El nuevo proceso judicial se centra en la compra del Palacio de Almanzora, un edificio del siglo XVIII en estado ruinoso. Según la investigación, Llamas habría firmado en diciembre de 2009 un contrato de compraventa con el propietario del inmueble por un importe de 360.000 euros, sin tramitar expediente administrativo, sin informes técnicos ni aprobación de los órganos municipales competentes.

Entre marzo de 2011 y noviembre de 2012, el exalcalde autorizó pagos por 40.400 euros con fondos municipales, pese a que dicha operación no estaba contemplada en los presupuestos. Los órganos de control del Ayuntamiento, como Secretaría e Intervención, emitieron advertencias constantes sobre la ilegalidad de los pagos y la falta de cobertura jurídica. Sin embargo, Llamas desoyó estos avisos y firmó resoluciones unilaterales, evitando el debate en el Pleno.

Acusaciones y peticiones de condena

  • El Ayuntamiento de Cantoria, ahora gobernado por el PSOE, actúa como acusación particular y solicita seis años de prisión.
  • La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación especial por malversación, nueve años de inhabilitación por prevaricación, y el reintegro de los fondos municipales.

El escrito de acusación subraya que la operación se produjo en un contexto de grave insuficiencia financiera, ya que el Ayuntamiento había precisado un crédito de 200.000 euros en diciembre de 2009 para cubrir necesidades básicas de tesorería. A pesar de ello, el entonces alcalde comprometió al consistorio en una obligación de pago sin respaldo legal ni financiero.

Implicaciones y consecuencias para el municipio

El procedimiento irregular de Llamas impidió, según la acusación particular, el control de los órganos colegiados, convirtiendo el Ayuntamiento en un feudo personal. Finalmente, la compra nunca se completó y Cantoria no llegó a adquirir la propiedad del palacio, pero tampoco ha recuperado los 40.400 euros, ya que el contrato permitía al vendedor quedarse con las cantidades entregadas.

El exalcalde defendió en su momento que la adquisición permitiría a la Junta de Andalucía rehabilitar el edificio, al dejar de ser un bien privado. Sin embargo, la operación se llevó a cabo pese a los reparos legales y en una situación de desequilibrio presupuestario.

Reincidencia y trayectoria política

Pedro Llamas ya acumula otra condena reciente: en abril de 2024 fue sentenciado a dos años de prisión y diez de inhabilitación por prevaricación, tras autorizar una subida salarial a tres empleados municipales contra el criterio del secretario-interventor.

Tras la sentencia del Supremo en 2013, Llamas dejó la alcaldía pero permaneció algunos meses más como concejal delegado, alegando que estaba pendiente de resolver un incidente de nulidad, finalmente desestimado por el Alto Tribunal.

Próximos pasos judiciales

A la espera de que se fije la fecha del juicio, este nuevo proceso podría suponer la tercera vista oral para el exalcalde en una década marcada por las irregularidades en la gestión pública del municipio almeriense.

Nota:

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