El Defensor del Pueblo alerta sobre el aumento de desahucios entre familias vulnerables y personas con empleo
El Defensor del Pueblo ha hecho público su informe anual, donde advierte sobre el preocupante incremento de desahucios que afectan especialmente a familias vulnerables, incluidos menores, así como a personas que, pese a contar con empleo o recibir pensiones públicas, se han visto abocadas a perder su vivienda habitual.
- El Defensor del Pueblo alerta sobre el aumento de desahucios entre familias vulnerables y personas con empleo
- Incremento significativo de las quejas y actuaciones
- Falta de información y respuesta administrativa
- Normativa vigente y retrasos en ayudas
- Situación de los asentamientos y comunidades vulnerables
- Demoras en ayudas y dificultades de acceso a la vivienda
- Desigualdad y obstáculos para ejercer el derecho a la vivienda
- Recomendaciones del Defensor del Pueblo
Incremento significativo de las quejas y actuaciones
Según los datos recogidos por la institución, en 2025 se registraron 142 actuaciones relacionadas con quejas por desahucios, una cifra muy superior a las 102 actuaciones del año 2024 y a las 60 de 2023. Este aumento refleja la gravedad y la extensión del problema, especialmente entre colectivos en situación de vulnerabilidad social.
El informe subraya que la mayoría de las quejas provienen de familias con menores a su cargo que requieren acceso urgente a recursos habitacionales para afrontar situaciones de emergencia social.
Falta de información y respuesta administrativa
Uno de los principales problemas detectados es la falta de información a la que se enfrentan las personas afectadas por desahucios. Muchas familias desconocen los pasos a seguir tras el lanzamiento de su vivienda, lo que les genera una profunda inseguridad e incertidumbre.
A esta carencia se suma, según el Defensor del Pueblo, la falta de respuesta por parte de la Administración. Los afectados perciben una actitud pasiva de los servicios sociales, que a menudo actúan de manera improvisada una vez se produce la emergencia residencial.
Normativa vigente y retrasos en ayudas
El informe también recoge el malestar tanto de las personas afectadas como de los arrendadores y propietarios con respecto a la normativa vigente desde 2020. Dicha normativa permite a los jueces suspender los desahucios en casos de vulnerabilidad económica, tanto de inquilinos como de ocupantes sin título, ya sea por impago de alquiler como por ocupación no autorizada.
- Arrendadores y propietarios denuncian retrasos en la recepción de ayudas compensatorias.
- El plazo máximo de resolución de estas ayudas es de tres meses, ampliable de manera excepcional otros tres meses.
Situación de los asentamientos y comunidades vulnerables
El Defensor del Pueblo ha mostrado preocupación por la existencia de asentamientos de chabolas que carecen de condiciones mínimas de habitabilidad. La institución mantiene actuaciones abiertas con comunidades autónomas y el Ministerio de Vivienda para garantizar el realojo de sus habitantes.
El informe dedica un apartado especial a la comunidad gitana, que expone dificultades para acceder a servicios básicos en infraviviendas y cuestiona los criterios de asignación de espacios en determinados mercadillos municipales. Aunque se reconocen avances legislativos en materia de igualdad de trato y no discriminación, persisten quejas relacionadas con el antigitanismo.
Demoras en ayudas y dificultades de acceso a la vivienda
La concesión y tramitación de ayudas como el Bono Alquiler Joven también ha centrado numerosas reclamaciones. El Defensor del Pueblo advierte que estas ayudas suelen llegar con varios meses de retraso y el presupuesto disponible resulta insuficiente para cubrir todas las solicitudes que cumplen los requisitos.
- Solicitantes del Bono Alquiler Joven sufren largos periodos sin información sobre el estado de sus expedientes.
- Numerosas peticiones quedan sin atender por agotamiento de los fondos.
El informe señala igualmente que el encarecimiento del alquiler turístico reduce la oferta de vivienda habitual, incrementa los precios y altera el equilibrio social y económico en los municipios. Por ello, la institución considera razonable establecer límites a este tipo de alojamientos en las zonas más tensionadas.
Desigualdad y obstáculos para ejercer el derecho a la vivienda
La dificultad para acceder a una vivienda a precios de mercado, junto con el aumento de los precios de compra y alquiler por encima de los salarios, está obligando a muchos inquilinos a realizar sobresfuerzos económicos. Esta circunstancia contribuye al incremento de la desigualdad social y retrasa la emancipación de los jóvenes, especialmente en las grandes ciudades y zonas con alta presión turística.
Recomendaciones del Defensor del Pueblo
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo insta a las administraciones públicas a utilizar las herramientas previstas en la Ley de Vivienda para contener los precios y mejorar el acceso a la vivienda. También aboga por ampliar la oferta de vivienda y reforzar el parque público y protegido, priorizando su destino al alquiler y estableciendo regímenes de protección permanente.
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