Estupor en el Tribunal Constitucional por las declaraciones de Sánchez tras la condena al fiscal general
Las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instando al Tribunal Constitucional a revisar la condena impuesta al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han generado una fuerte conmoción en el seno del propio órgano de garantías. Fuentes internas del Tribunal Constitucional (TC) califican de «escándalo» e «inaceptables» las palabras del jefe del Ejecutivo, que han reavivado el debate sobre la independencia de las instituciones judiciales en España.
Reacciones dentro del Tribunal Constitucional
Según han manifestado fuentes del TC, las declaraciones de Sánchez «solo le han faltado parafrasear su conocida frase sobre la Fiscalía y aplicarla al Tribunal Constitucional». Estas fuentes advierten que el presidente del Gobierno parece concebir el TC, actualmente presidido por Cándido Conde-Pumpido, como un órgano subordinado al Ejecutivo, capaz de revertir sentencias del Tribunal Supremo que resulten incómodas para el Gobierno.
La inquietud en el Tribunal de Garantías se produce después de que el Tribunal Supremo condenara la pasada semana a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Los hechos se remontan a la filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Dimisión y sustitución en la Fiscalía General
Tras conocerse el fallo, Álvaro García Ortiz presentó su renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños. El Gobierno propuso este martes a la fiscal Teresa Peramato como su sustituta al frente de la Fiscalía General del Estado, en un contexto marcado por la polémica y la presión institucional.
Las declaraciones de Sánchez y el proceso judicial
Pedro Sánchez aseguró que el Ejecutivo «respeta las sentencias del Tribunal Supremo», aunque manifestó su «discrepancia» con la orientación del fallo contra García Ortiz. Al ser preguntado por un posible indulto, el presidente consideró que «ahora mismo no tiene sentido», pero apuntó que existen «otras instancias jurisdiccionales» donde el caso podría ser revisado, en clara alusión al Tribunal Constitucional y, posiblemente, a la Justicia europea.
Las fuentes consultadas dentro del TC recuerdan que García Ortiz debe agotar todas las vías posibles ante el Tribunal Supremo antes de poder recurrir en amparo al Constitucional. El procedimiento contempla en primer lugar la solicitud de un incidente de nulidad ante el Supremo y, si este fuera rechazado, la posibilidad de presentar el recurso de amparo ante el TC. En caso de ser expulsado de la Carrera Fiscal, García Ortiz podría solicitar como medida cautelar el mantenimiento de su condición de fiscal.
- Si García Ortiz no fuese expulsado, no podría solicitar medidas cautelares sobre la sentencia de inhabilitación, ya que eso supondría anticipar la decisión sobre el recurso de amparo, lo que no es compatible con la jurisprudencia actual del Constitucional.
- Sin embargo, las fuentes advierten que la jurisprudencia del TC ya ha sido modificada bajo la presidencia de Conde-Pumpido para favorecer los intereses del Gobierno, lo que genera preocupación sobre la imparcialidad futura.
Contexto político y respuesta al Partido Popular
Durante sus declaraciones, Sánchez defendió la inocencia de García Ortiz y lamentó el fallo del Supremo, insistiendo en la posibilidad de que «otros aspectos controvertidos» de la sentencia puedan ser revisados en instancias superiores. Además, el presidente cargó contra el Partido Popular, recordando las afirmaciones del ex senador Ignacio Cosidó en 2018 acerca del control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y subrayó que su Gobierno ha respetado siempre la independencia judicial.
Sánchez rechazó cualquier insinuación de control sobre los órganos judiciales y reiteró el compromiso del Ejecutivo con las decisiones del Supremo, aunque reiteró su derecho a discrepar de la interpretación de la sentencia.
Perspectivas y debate sobre la independencia judicial
La polémica suscitada por este caso pone de relieve el delicado equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Judicial en España, así como la importancia de preservar la autonomía de los órganos de control como el Tribunal Constitucional. La evolución del caso de García Ortiz, así como la posible intervención del TC, serán claves para el debate sobre la separación de poderes en el país.
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