El Tribunal Constitucional se enfrenta a un reto inédito: ¿puede obligar al Gobierno a presentar los Presupuestos en plazo?
El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra ante un escenario sin precedentes tras la solicitud del Senado para que se imponga al Gobierno un plazo concreto para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Esta petición, impulsada por el Partido Popular (PP), que ostenta la mayoría absoluta en la Cámara Alta, abre un nuevo conflicto de atribuciones entre el poder legislativo y el ejecutivo en torno a la gestión presupuestaria del país.
El origen del conflicto: la prórroga de los Presupuestos y el papel del Senado
El pasado 22 de octubre, el Senado aprobó formalmente la presentación del conflicto ante el Tribunal Constitucional. Argumenta que la falta de remisión en plazo del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, así como el “uso abusivo e indefinido” de la prórroga de las cuentas, vulneraría varios artículos fundamentales de la Constitución Española.
Según el comunicado oficial de la Cámara Alta, el incumplimiento afecta a la obligación constitucional de presentar anualmente el Proyecto de Presupuestos, recogida en los artículos 134.1 y 134.3 de la Constitución. Además, denuncia que las Cortes Generales ven limitada su capacidad para modificar, proponer alternativas o aprobar los presupuestos, lo que supondría una restricción de la función de control y debate parlamentario prevista en los artículos 66.2 y 134.1. También se señala una posible vulneración del artículo 23 de la Constitución, al limitar la participación de los representantes en el proceso presupuestario.
- Artículos constitucionales afectados: 1.3, 23, 66.2, 99.2, 134 (apartados 1 a 5).
- Principales alegaciones: Incumplimiento de la anualidad presupuestaria, abuso de la prórroga y restricción de competencias parlamentarias.
El Senado, además, asocia la ausencia de nuevos Presupuestos con la pérdida de confianza parlamentaria, haciendo alusión a los precedentes de 1995 y 2019, cuando la imposibilidad de aprobar las cuentas llevó a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
¿Puede el Tribunal Constitucional fijar un plazo al Gobierno?
La petición del Senado incluye la solicitud de que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de las prórrogas presupuestarias y, de modo inédito, fije un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber de presentar los Presupuestos.
Sin embargo, varios catedráticos de Derecho Constitucional consultados consideran improbable que el alto tribunal imponga de forma expresa esa obligación. Agustín Ruiz, de la Universidad de Granada, recuerda que no existen precedentes estrictos aplicables a este caso. Señala experiencias pasadas, como el conflicto entre el Congreso y el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016, cuando el TC reconoció la vulneración de atribuciones parlamentarias, pero no ordenó acciones concretas debido a la variación de las circunstancias políticas.
La clave, según Ruiz, reside en que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no atribuye de manera clara la potestad de ordenar al Gobierno la presentación de los Presupuestos, aunque sí podría establecer un plazo orientativo. En cualquier caso, el experto considera poco probable que una eventual sentencia llegue a tiempo para que esa orden tenga efectos reales.
Consecuencias políticas y jurídicas
Miguel Revenga, catedrático de la Universidad de Cádiz, coincide en que una eventual declaración de inconstitucionalidad tendría repercusiones políticas notables, pero difícilmente derivaría en una obligación jurídica de “hacer”, es decir, de que el Gobierno se viera forzado a remitir el proyecto presupuestario. Revenga destaca que el ordenamiento jurídico español carece de mecanismos eficaces para sancionar la “inconstitucionalidad por omisión”, lo que hace muy improbable que el tribunal llegue a imponer un plazo al Ejecutivo.
Por su parte, José Manuel Vera Santos, de la Universidad Rey Juan Carlos, respalda la legitimidad del Senado para plantear el conflicto, y subraya la importancia de proteger el derecho ad officium de los parlamentarios, es decir, su prerrogativa a ejercer plenamente sus funciones. Vera sostiene que incluso el Congreso debería haber promovido un conflicto similar en defensa de su propia dignidad institucional.
Un contexto de múltiples conflictos institucionales
Este no es el primer enfrentamiento de este tipo entre el Senado y el Gobierno. Durante la presente legislatura, la Cámara Alta ha presentado una docena de conflictos de atribuciones, de los cuales al menos nueve han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional. Entre ellos destacan recursos por vetos a reformas legales y modificaciones normativas tramitadas sin el pleno concurso del Senado.
- Veto a la reforma para rebajar penas a condenados por terrorismo.
- Modificaciones legales por corrección de errores en la Cámara Baja.
- Veto a enmiendas a la ley de cadena alimentaria.
Perspectivas de futuro
El caso plantea cuestiones esenciales sobre el equilibrio de poderes y el funcionamiento democrático en España. Si bien el Tribunal Constitucional podría reconocer la vulneración de atribuciones del Senado, la posibilidad de que ordene de forma efectiva y con plazo la presentación de los Presupuestos parece remota tanto en términos jurídicos como prácticos.
En cualquier caso, la resolución de este conflicto sentará un precedente importante sobre el alcance del control parlamentario y las obligaciones del Gobierno en materia presupuestaria, en un contexto de crecientes tensiones institucionales.
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