El Congreso tumba el escudo social y el límite a precios en emergencias

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El Congreso rechaza el escudo social y el decreto para limitar precios en situaciones de emergencia

El Congreso de los Diputados ha tumbado dos de los cuatro Reales Decretos-Ley sometidos a votación este jueves, dejando sin efecto tanto el denominado «escudo social» como la propuesta para limitar los precios de bienes y servicios esenciales en contextos de emergencia. Estas medidas, impulsadas por el Gobierno, no han logrado el respaldo necesario debido a la oposición conjunta de PP, Vox y Junts per Catalunya.

Solo dos decretos salen adelante

De los cuatro decretos presentados, únicamente se han convalidado el que contempla la revalorización de las pensiones y otro destinado a otorgar ayudas económicas a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero. En cambio, han sido rechazados tanto el escudo social como la iniciativa del Ministerio de Consumo para topar precios en situaciones excepcionales.

Mayoría conservadora bloquea medidas sociales clave

La alianza entre PP, Vox y Junts per Catalunya ha resultado determinante para frenar las iniciativas sociales del Ejecutivo. Esta mayoría parlamentaria ya había impedido hace un mes la aprobación conjunta de la subida de las pensiones y el escudo social, provocando la caída del paquete original. Posteriormente, el Gobierno optó por separarlas en diferentes decretos, logrando únicamente el respaldo suficiente para la revalorización de las pensiones.

Consecuencias del rechazo al escudo social

El rechazo al escudo social implica la expiración de varias medidas de protección para los colectivos más vulnerables. Entre las principales disposiciones que decaen se encuentran:

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  • La prórroga del bono social eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • La suspensión de desahucios y lanzamientos para familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional.
  • La prórroga de la prohibición de despidos en empresas que reciben ayudas públicas.

Según fuentes parlamentarias, el Gobierno podría volver a plantear el escudo social en próximas sesiones del Consejo de Ministros, aunque su futuro depende del respaldo de fuerzas como Junts, que ha condicionado su apoyo a la exclusión de la moratoria antidesahucios, argumentando que favorece a la «okupación».

Debate sobre la intervención en los precios

El decreto para limitar los precios en contextos de emergencia, impulsado por el Ministerio de Consumo, también ha sido rechazado. Esta medida buscaba prohibir el incremento del precio final de bienes y servicios esenciales en situaciones de urgencia, como las vividas tras el accidente de Adamuz o los recientes incendios en Castilla y León.

Junts per Catalunya se ha opuesto a esta iniciativa, argumentando que otorga al Consejo de Ministros una «autoridad excesiva» para intervenir en el mercado. El ministro Pablo Bustinduy ha defendido la propuesta como una herramienta «acotada» y técnicamente sólida, lamentando que la negativa de las derechas impida proteger a la ciudadanía frente a prácticas abusivas en situaciones críticas.

Revalorización de las pensiones: único avance social

La subida de las pensiones ha sido aprobada con el apoyo de todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox. Esta revalorización, ya en vigor desde principios de febrero, supone un incremento del 2,7% para las pensiones contributivas, en línea con la inflación, y del 11,35% para las no contributivas.

Unanimidad en las ayudas a las víctimas de Adamuz

El único decreto que ha contado con la unanimidad de la cámara ha sido el destinado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Las indemnizaciones previstas oscilan entre 2.404 y 84.141 euros, según la gravedad de los daños sufridos por los afectados.

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Relaciones tensas entre el Gobierno y Junts

El pleno de este jueves evidencia las dificultades en las relaciones entre el Gobierno central y Junts per Catalunya. Los contactos entre ambas partes se consideran escasos, lo que complica la aprobación de futuras iniciativas legislativas, especialmente de cara a la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

El rechazo de los decretos sociales y la falta de entendimiento entre los grupos parlamentarios ponen de manifiesto la complejidad de la actual legislatura y la necesidad de acuerdos para garantizar la protección de los colectivos más vulnerables en situaciones de crisis.

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