Las medidas sociales y económicas en riesgo si el Congreso rechaza el escudo social
El Congreso de los Diputados afronta una jornada decisiva este martes con la votación de dos importantes decretos: el denominado “escudo social”, que incluye la revalorización de las pensiones, y otro paquete de ayudas al transporte público. Ambos textos llegan a la Cámara sin que el Gobierno cuente con los apoyos parlamentarios asegurados, y su rechazo implicaría la suspensión inmediata de una amplia batería de medidas vigentes.
- Las medidas sociales y económicas en riesgo si el Congreso rechaza el escudo social
- El escenario parlamentario: incertidumbre y negociaciones de última hora
- ¿Qué medidas pueden decaer si no se convalida el escudo social?
- Ayudas al transporte público en el aire
- Un resultado ajustado: el futuro de las medidas, en manos de Junts y el PP
- Conclusión
El escenario parlamentario: incertidumbre y negociaciones de última hora
A diferencia de ocasiones anteriores, tanto el Partido Popular (PP) como Junts per Catalunya han anunciado su intención de votar en contra del Real Decreto-Ley del escudo social, que engloba la subida de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), además de otras disposiciones sociales. Ambas formaciones han propuesto como alternativa votar la revalorización de las pensiones de forma separada, dejando fuera el resto de medidas incluidas en el decreto.
El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre una revalorización general de las pensiones del 2,7% para 2026, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Según la normativa vigente, la pensión mínima para personas de 65 años o más se sitúa en 12.441,80 euros anuales, mientras que para quienes tienen cónyuge a cargo asciende a 17.592,40 euros. Los menores de esa edad perciben 11.590 euros, y también 17.592,40 euros si cuentan con cónyuge a cargo. Este incremento ya se ha aplicado en el primer pago del año.
El papel determinante del PP y Junts
El PP ha hecho público su rechazo al decreto argumentando que, aunque apoya la subida de las pensiones, no está de acuerdo con el resto de medidas incluidas en el texto. Desde la dirección popular han insistido en la necesidad de una revalorización automática vinculada al IPC, pero rechazan aprobarla dentro de un paquete que incorpora cuestiones como la paralización de desahucios o ayudas a la energía, entre otras. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo propone que el Gobierno tramite una norma específica y “limpia” para la subida de las pensiones.
La postura de Junts es similar, condicionando su apoyo a que la revalorización se debata y vote de forma independiente. Sin el respaldo de estas formaciones, y dado el equilibrio de fuerzas en la Cámara, el futuro del escudo social pende de un hilo.
¿Qué medidas pueden decaer si no se convalida el escudo social?
La votación afecta a dos reales decretos-ley actualmente en vigor, que incluyen un amplio abanico de medidas sociales y económicas. Si no se logran los apoyos necesarios, todas ellas quedarían suspendidas de inmediato. Entre las principales disposiciones en riesgo destacan:
- Revalorización de las pensiones: Incremento del 2,7% para 2026 conforme al IPC, ya aplicado en el primer pago anual.
- Suspensión provisional de desahucios: Protección para familias vulnerables sin alternativa habitacional, medida vigente desde hace varios años.
- Prórroga del salario mínimo interprofesional: Mantenimiento de los valores actuales.
- Prohibición de corte de suministros básicos: Garantía de acceso a agua, luz y gas para hogares vulnerables.
- Bono social eléctrico: Descuentos de hasta un 60% en la factura eléctrica para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad severa.
- Exención de declaración del IRPF para desempleados: Supresión de la obligación de presentar la declaración a quienes reciben prestación por desempleo.
- Prórroga de ayudas a la movilidad sostenible: Incentivos para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga.
- Mejoras fiscales para afectados por catástrofes: Exenciones y ayudas para damnificados por inundaciones y incendios recientes en varias comunidades autónomas.
- Continuidad de la tributación por módulos para autónomos: Prórroga del régimen fiscal especial para determinados sectores y mantenimiento del IVA reducido en agricultura, pesca y ganadería.
- Compatibilidad de pensión y actividad para el personal sanitario: Ampliación de un año para que los sanitarios puedan trabajar y cobrar la pensión simultáneamente.
- Cotización adicional para agentes forestales y bomberos: Creación de una cotización específica que permite anticipar la jubilación en estos colectivos.
Ayudas al transporte público en el aire
El segundo decreto en votación contempla la continuidad de las ayudas al transporte, incluyendo:
- Descuentos del 50% en el transporte público autonómico y local para menores de 26 años, y del 20% para el resto de usuarios.
- Bonificaciones del 70% en autobuses municipales para los jóvenes de hasta 26 años.
- Mantenimiento de los precios reducidos en abonos mensuales de trenes de cercanías.
- Creación de un abono nominativo de tarifa única para trayectos de corta y media distancia en toda España, con un precio de 60 euros.
Un resultado ajustado: el futuro de las medidas, en manos de Junts y el PP
La correlación de fuerzas en el Congreso deja la votación en una situación de máxima incertidumbre. Si PP, Vox y UPN suman sus votos en contra, alcanzarían 171 escaños, igualando al bloque de apoyo al Gobierno si Junts también vota en contra. En caso de empate, la convalidación de los decretos fracasaría. Por tanto, el voto de Junts será decisivo si el PP mantiene su rechazo. Además, el posicionamiento de Podemos respecto a las ayudas al transporte añade un elemento adicional de imprevisibilidad.
Conclusión
La votación de este martes se presenta como una de las más relevantes de la legislatura en materia social y económica. Del resultado dependerá la continuidad de medidas que afectan a millones de ciudadanos, desde pensionistas hasta familias vulnerables y usuarios del transporte público. La negociación política y la capacidad de alcanzar acuerdos de última hora serán claves para definir el alcance y la vigencia del escudo social en España.
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