El caso de los pozos ilegales de la Casa de Alba: una investigación judicial llena de interrogantes
La investigación judicial sobre la extracción ilegal de agua en una finca agrícola de la Casa de Alba, situada en las proximidades del Parque Nacional de Doñana, se encuentra cerca de su cierre definitivo. Tras más de dos años de instrucción, la causa podría concluir sin que hayan declarado algunos de los principales implicados, entre ellos destacados miembros del consejo de administración de la empresa investigada y antiguos empleados que destaparon la existencia de los pozos no autorizados.
Una instrucción próxima a cerrarse
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha dado por “agotada” la investigación, rechazando la solicitud de prórroga hecha por la Fiscalía, que pedía seis meses más para continuar con el proceso. La única diligencia pendiente será la declaración del perito que elaboró el informe técnico para la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa de la Casa de Alba propietaria de la finca Aljóbar.
La instrucción judicial comenzó en septiembre de 2023 tras una querella del Ministerio Público por presunto delito medioambiental debido a la extracción de agua sin autorización en la finca ubicada en el municipio sevillano de Aznalcázar. Ecologistas en Acción, que actúa como acusación particular, también ha expresado la necesidad de profundizar en la investigación para reunir pruebas más concluyentes sobre el daño al acuífero.
Testimonios clave ausentes
Uno de los puntos más controvertidos es que durante la instrucción no han sido llamados a declarar ni los miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria, entre ellos Eugenia Martínez de Irujo (presidenta), Cayetano Martínez (secretario) y Fernando José Martínez (vocal), ni los antiguos trabajadores que denunciaron la existencia de nueve pozos ilegales empleando lonas verdes para ocultarlos.
Estos extrabajadores alertaron en la primavera de 2023 a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre la presencia de los pozos, utilizados para regar 200 hectáreas de naranjos y olivos intensivos. Pese a que una inspección confirmó la ilegalidad de las tomas de agua, la entrada a la finca fue denegada a los agentes encargados de sellarlas, lo que llevó a la Fiscalía a ampliar la querella incluyendo también un posible delito de desobediencia.
Daños medioambientales y valoración económica
De acuerdo con los informes técnicos presentados por la Guardia Civil y la CHG, la extracción ilegal de agua habría causado un daño valorado en más de 84.000 euros al dominio público hidráulico. Se estima que, entre 2014 y 2024, se extrajeron de forma irregular hasta 6,6 millones de metros cúbicos de agua para el riego de la finca, lo que habría generado un beneficio indirecto de entre 5,8 y 6,2 millones de euros.
Los peritos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han advertido que estas prácticas pueden ocasionar daños irreversibles en los ecosistemas conectados, incluyendo afecciones a la calidad del agua, pérdida de biodiversidad y deterioro de hábitats esenciales para especies de aves amenazadas en Doñana.
- Valoración del daño: Más de 84.000 euros según la CHG.
- Agua extraída ilegalmente: Hasta 6,6 millones de m³ entre 2014 y 2024.
- Superficie afectada: 153 hectáreas de naranjos y 21 hectáreas de olivar intensivo.
- Beneficio indirecto estimado: Entre 5,8 y 6,2 millones de euros.
Defensa de la Casa de Alba y controversias
Durante su declaración, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, representante legal de Eurotécnica Agraria y nieto de la duquesa de Alba, afirmó desconocer detalles sobre la gestión hídrica de la finca y reconoció la ausencia de medidores en los pozos. Paralelamente, la defensa de la empresa sostiene que la finca cuenta con autorización para regar 200 hectáreas y niega cualquier irregularidad en el uso del agua, asegurando que el acuífero afectado se encuentra en buen estado.
En este sentido, Eurotécnica Agraria ha iniciado un procedimiento administrativo ante la CHG para regularizar la situación de los pozos, solicitando la conversión de derechos privados en concesión de aguas públicas.
El reto de determinar responsabilidades
A pesar de los informes que advierten de graves consecuencias medioambientales, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir señala que no puede atribuir en exclusiva a la Casa de Alba la sobreexplotación del acuífero, ya que existen otras fincas en la misma zona que también realizan extracciones significativas.
El inminente cierre de la instrucción deja interrogantes sobre la determinación de responsabilidades y la falta de comparecencia de los principales investigados. Tanto la Fiscalía como Ecologistas en Acción insisten en la necesidad de continuar investigando para esclarecer por completo los hechos y garantizar la protección de los recursos hídricos y del patrimonio natural de Doñana.
Implicaciones para el futuro del entorno de Doñana
El caso de los pozos ilegales en la finca de la Casa de Alba pone de manifiesto la complejidad de la gestión y control de los recursos hídricos en zonas de alto valor ecológico y agrícola. La resolución de este proceso judicial, marcada por la falta de testimonios clave y la dificultad para delimitar responsabilidades, podría sentar precedente para futuras investigaciones sobre delitos medioambientales vinculados a la extracción de agua en Andalucía.
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