Dimisión de la concejal de Urbanismo de Alacant tras recibir una vivienda protegida
La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alacant, Rocío Gómez, perteneciente al Partido Popular (PP), ha anunciado su dimisión tras hacerse público que fue adjudicataria de una vivienda de protección oficial en la Playa de San Juan. La noticia ha desencadenado la apertura de una investigación por posibles irregularidades en el proceso de concesión.
Apertura de una investigación por posibles irregularidades
El asunto ha salido a la luz después de que se conociera que Gómez, junto a otros funcionarios y familiares de altos cargos municipales, resultaron beneficiarios de las viviendas públicas. En concreto, entre los adjudicatarios se encuentran también un arquitecto municipal y los hijos y una sobrina de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del consistorio. Se trata de la primera promoción de viviendas públicas en la ciudad en las últimas dos décadas.
Declaraciones y argumentos de la concejal
Rocío Gómez, que actualmente se encuentra de baja por maternidad, ha comunicado que formalizará su renuncia en los próximos días. Según un comunicado del ayuntamiento, la edil ha recalcado que su inscripción en la cooperativa de viviendas públicas de La Condomina, en la Playa de San Juan, se produjo «antes de entrar en política». Gómez, arquitecta de 33 años, llevaba dos años y ocho meses al frente de la Concejalía de Urbanismo y asegura que su incorporación a la cooperativa se formalizó en 2023, siendo la cooperativista número 18.
La hasta ahora concejal ha afirmado que su decisión de apartarse del cargo responde al objetivo de facilitar el avance de la investigación «sin interferencias de ningún tipo», y ha destacado que ya ha puesto a disposición de los investigadores toda la documentación requerida.
Reacciones institucionales y peticiones de responsabilidades
El alcalde de Alacant, Luis Barcala, quien gobierna en minoría con el apoyo puntual de Vox, ha explicado que Gómez fue adjudicataria de la vivienda cinco años antes de iniciar su carrera política y que, según la información disponible, «no ha intervenido en ninguna decisión» relativa a la promoción investigada. No obstante, Barcala ha anunciado la apertura de un expediente de averiguación para esclarecer responsabilidades y ha asegurado que actuará con «máxima contundencia», incluso contemplando la posibilidad de trasladar el expediente a la Fiscalía en caso de detectarse irregularidades.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (PP), ha manifestado que los adjudicatarios «cumplían los requisitos», aunque ha calificado de «muy grave» lo acontecido. Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha instado al alcalde a «asumir responsabilidades» y ha advertido que «la Comunitat Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de privilegios».
Críticas y consecuencias políticas
El grupo socialista municipal ha anunciado que presentará el caso ante la Agencia Antifraude, calificándolo de «pelotazo urbanístico» y señalando que se trata «del mayor escándalo» en la ciudad en un contexto de crisis habitacional en toda España.
- Dimisión de la concejal de Urbanismo tras conocerse su condición de adjudicataria de una vivienda pública.
- Apertura de una investigación por posibles irregularidades en la concesión.
- Reacciones políticas y petición de responsabilidades a nivel municipal y autonómico.
- El caso se produce en un momento sensible por la crisis de acceso a la vivienda.
La situación ha provocado un intenso debate en la política local y autonómica, poniendo el foco en la gestión de las viviendas públicas y los mecanismos de control para evitar posibles privilegios en la adjudicación de recursos destinados a la ciudadanía.
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