Cese del decano de Madrid en la directiva de la Abogacía Española por impago de cuotas
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha decidido cesar a Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), como miembro de su Comisión Permanente. La decisión, tomada por unanimidad, responde a una serie de desacuerdos institucionales y al incumplimiento del Estatuto General de la Abogacía por parte del ICAM, especialmente en lo referente al impago de cuotas ordinarias.
Conflicto institucional y razones del cese
Según comunicó el CGAE, el cese de Ribón se produce tras una revisión de la estructura organizativa y la composición de la Comisión Permanente. El órgano rector de la abogacía española argumenta que el Colegio de Madrid adoptó decisiones unilaterales que contravienen el marco estatutario vigente, como la suspensión del pago de la cuota ordinaria correspondiente al año 2025 y la omisión de la solicitud del certificado de nueva incorporación, requisito indispensable para la colegiación nacional.
- Impago de cuotas: El ICAM dejó de abonar la cuota ordinaria que todos los colegios de abogados aportan al CGAE.
- Certificados de colegiación: El colegio madrileño también dejó de tramitar el certificado necesario para la incorporación de nuevos colegiados, lo que, según el Consejo, invalida dichas colegiaciones.
Ante esta situación, el Pleno del Consejo ha optado por judicializar ambos asuntos, advirtiendo que suponen un riesgo para la integridad institucional y el cumplimiento normativo dentro de la abogacía española.
Respuesta del Colegio de Abogados de Madrid
El ICAM, por su parte, defiende que la destitución de Ribón responde a discrepancias sobre la gestión y financiación del CGAE. El colegio madrileño sostiene que ha promovido una mayor eficiencia en la administración, rechazando el pago de facturas consideradas improcedentes y suprimiendo la obligatoriedad del certificado de incorporación para nuevos colegiados, sustituyéndolo por una declaración responsable.
En septiembre de 2025, el ICAM presentó una propuesta de reforma presupuestaria con el objetivo de racionalizar el gasto y favorecer un sistema de reparto más solidario, especialmente en beneficio de los colegios más pequeños. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en su totalidad, lo que, según el ICAM, limitó el margen de diálogo entre las partes.
El colegio también señala que su negativa a pagar cuotas duplicadas se alinea con una jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, ya que algunos servicios estaban siendo prestados por el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid y no por el CGAE.
Reestructuración en la dirección del CGAE
El cese de Eugenio Ribón ha dado paso a una reestructuración en la directiva del Consejo General de la Abogacía. Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha sido designada como su sustituta en la Comisión Permanente.
- Leandro Cabrera, decano del Colegio de Abogados de Granada, ocupará el cargo de vicepresidente segundo.
- Jose Soriano (València) y Maravillas Hernández (Murcia) representarán a los colegios con más de 3.000 colegiados ejercientes.
- Lourdes Carballo (Vigo) asume la dirección de la Oficina de Representación Institucional (ORI) y se suma a la Comisión Permanente.
- Como adjuntos a Presidencia se incorporan Elisa Campoy (Lorca), Alfredo Sánchez-Rubio (Zaragoza) y Diego García (Elche).
- Carmen Oriol (Tarrasa) presidirá la subcomisión de Derecho de la Competencia y Defensa de los Consumidores.
- Carlos Pérez (Cantabria) se integra en la Comisión Consultiva.
- Javier Martín (Valladolid) encabezará el nuevo Grupo de Trabajo de Censo y Certificaciones.
Perspectivas y consecuencias
La destitución de Ribón y la judicialización del conflicto evidencian las tensiones internas en la abogacía española respecto a la gestión financiera y la gobernanza colegial. Mientras el CGAE defiende la necesidad de cumplir con las obligaciones estatutarias para garantizar la unidad institucional, el ICAM aboga por una mayor eficiencia, transparencia y autonomía en la gestión de recursos.
Este episodio podría marcar un precedente relevante para futuras relaciones entre los distintos colegios profesionales y el Consejo General, así como para la regulación de la colegiación y la financiación dentro del sector jurídico español.
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