Investigación revela maniobras para que Forestalia recibiera 17 millones en ayudas públicas
Una investigación judicial ha destapado que el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, junto a Leire Díez y Antxon Alonso, presuntamente orquestaron la concesión de una ayuda pública de más de 17 millones de euros a una empresa vinculada al grupo Forestalia. Los tres implicados, que operaban bajo el nombre de «Hirurok» —término vasco que significa «nosotros tres»—, habrían actuado como intermediarios en al menos cinco adjudicaciones distintas, beneficiándose de comisiones ilegales.
El papel de «Hirurok» en la trama de adjudicaciones
De acuerdo con las investigaciones dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, lideradas por el magistrado Antonio Piña, Fernández, Díez y Alonso utilizaban un grupo de Whatsapp denominado «Hirurok» para coordinar sus acciones y discutir el reparto de comisiones derivadas de contratos y ayudas públicas. Entre los casos analizados destaca la concesión de 17,32 millones de euros por parte de SEPIDES —filial de la SEPI— a Arapellet S.L., empresa perteneciente a Forestalia, por la que los investigados habrían recibido una comisión de 200.000 euros.
Destino de los fondos y movimientos financieros
Según el sumario, parte significativa de las comisiones obtenidas fue invertida en bienes inmuebles en Marbella y Jaca, constituyendo inversiones compartidas por los tres implicados. Asimismo, Vicente Fernández habría percibido al menos 49.350 euros mediante transferencias e ingresos en efectivo. Cabe señalar que Fernández fue empleado de Servinabar entre 2021 y 2023, percibiendo de esta sociedad un total de 128.092,80 euros.
La trama canalizaba las presuntas mordidas a través de la empresa Mediaciones Martínez S.L., utilizada para dotar de apariencia legal a los pagos. Esta metodología se habría repetido en al menos otras cuatro operaciones, donde el grupo «Hirurok» adoptó estrictas medidas de seguridad y confidencialidad para proteger sus actividades.
Otras adjudicaciones bajo investigación
- Rescate a Tubos Reunidos S.A.: La red habría mediado en la concesión de un rescate de 112,8 millones de euros por parte de la SEPI a Tubos Reunidos S.A., operación por la que Mediaciones Martínez facturó 114.950 euros.
- Contrato de Mercasa a Servinabar: Se señala la influencia en la adjudicación de un contrato público de Mercasa, valorado en 18.119 euros, a Servinabar, empresa vinculada a Alonso y Santos Cerdán.
- Adjudicación en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA): La investigación se centra también en un contrato de 2,8 millones de euros otorgado a una UTE formada por Erriberri y AFESA Medio Ambiente. Por su intermediación, Díez, Alonso y Fernández habrían recibido 400.000 euros, a través de operaciones destinadas a ocultar el origen de los fondos.
- Pagos de Enusa a un despacho sevillano: Se detectaron posibles sobrecostes del 50% en los servicios facturados por un despacho de abogados sevillano a Enusa, empresa pública dependiente de la SEPI. La diferencia habría ido a parar a Mediaciones Martínez, que facturó 17.545 euros por la gestión.
Situación judicial y medidas cautelares
Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso fueron detenidos la semana pasada en el marco de estas pesquisas y posteriormente puestos en libertad bajo medidas cautelares. El sumario, que permanece bajo secreto, constata indicios de que los implicados actuaron en varias operaciones a cambio de comisiones ilícitas.
Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer el alcance de la trama y la posible implicación de otros actores en este entramado de adjudicaciones irregulares y comisiones ilegales.
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