Investigación revela presunto cobro de comisiones ilegales en el entorno de Ministerios del Gobierno de Sánchez
La Audiencia Nacional investiga a Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández por supuesta implicación en una trama de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones y subvenciones públicas durante la administración de Pedro Sánchez. Los tres implicados, que presuntamente utilizaron sus conexiones dentro de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, han quedado en libertad con medidas cautelares tras declarar ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6.
Red de influencias en altos cargos ministeriales
Según fuentes próximas a la investigación, el éxito en la obtención de las comisiones ilegales no podría explicarse sin el respaldo de figuras de peso dentro de la Administración del Estado. El juez Antonio Piña ha impuesto a los tres investigados la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Leire Díez —conocida por su trayectoria como responsable de comunicación en ENUSA—, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, habrían aprovechado sus relaciones en los ministerios durante las etapas de María Jesús Montero y Teresa Ribera para favorecer la adjudicación de contratos y concesión de ayudas públicas a cambio de comisiones.
Contratos amañados y cifras millonarias
La investigación, que gira en torno a cinco contratos presuntamente manipulados, estima que el importe total de estos asciende a 132.955.664 euros. En este entramado, habría desempeñado un papel relevante el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Las pesquisas apuntan a que la trama habría iniciado sus operaciones tras la pandemia de 2020, y no se descartan nuevas ramificaciones a medida que avancen las investigaciones.
Comunicación y coordinación a través de grupos privados
A pesar de sus trayectorias profesionales distintas, Díez, Alonso y Fernández mantenían una estrecha coordinación a través de un grupo de Whatsapp denominado “Hirurok” —expresión en euskera que significa “los tres juntos”—. En este espacio discutían y negociaban los porcentajes de beneficio y las comisiones vinculadas a contratos públicos obtenidos de forma presuntamente ilícita.
Registros y hallazgos de la Guardia Civil
Durante la operación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil efectuó registros en la sede central de la SEPI en Madrid y en varias empresas públicas dependientes de este organismo, como ENUSA, Mercasa, Sepides y Cofivacasa. Asimismo, se inspeccionaron otras compañías y organismos, incluyendo Forestalia, Correos y los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.
- Registro en la sede central de SEPI
- Inspección de empresas públicas como ENUSA, Mercasa, Sepides y Cofivacasa
- Intervención en compañías privadas y ministerios relacionados
Desarrollo de la operación y situación judicial
La denominada “operación Leire” tuvo que adelantarse a raíz de que el entonces presidente de la SEPI detectara la presencia de efectivos de la Guardia Civil, lo que generó temor a una posible destrucción de pruebas. Así, la UCO procedió a la detención de Leire Díez y Vicente Fernández un día antes de lo previsto, seguido por el arresto de Antxon Alonso.
En su comparecencia ante el juez, Vicente Fernández negó los cargos imputados, aunque reconoció haber trabajado en la empresa Servinabar, señalada como canalizadora de las comisiones ilegales. Por su parte, Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, alegando desconocer los hechos concretos que se les atribuían debido al secreto de sumario. Ambos argumentaron no haber dispuesto del tiempo suficiente para preparar su defensa.
Leire Díez, especialmente, se encontraría afectada tras haber pasado tres noches en los calabozos de la Guardia Civil, según fuentes cercanas al caso.
Perspectivas de la investigación
Los investigadores consideran que la documentación incautada en los diferentes registros ha sido clave para el avance del caso. Aunque en esta fase la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado prisión provisional para los implicados, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos meses.
Este caso pone de manifiesto la preocupación por la transparencia en la adjudicación de contratos públicos y el uso de influencias políticas en la gestión de recursos estatales.
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