Demócratas califican de ilegal el ataque militar a Venezuela mientras la popularidad de Trump cae
La reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, impulsada por el presidente Donald Trump, ha desatado una ola de críticas entre los principales líderes del partido Demócrata, quienes consideran que la acción es ilegal y se realizó sin la autorización del Congreso. La polémica surge en un momento delicado para el mandatario, cuya popularidad se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde el inicio de su mandato.
Reacciones inmediatas en el Congreso
Durante las primeras 72 horas tras el ataque a Caracas, congresistas y senadores demócratas manifestaron abiertamente su rechazo, denunciando lo que consideran un abuso de poder por parte del Ejecutivo. Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, ha presentado una propuesta para bloquear futuras acciones militares contra Venezuela, argumentando que el presidente excedió sus competencias constitucionales.
Entre las voces más destacadas se encuentra la de la exvicepresidenta Kamala Harris, quien, a través de un extenso comunicado en la red social X, condenó la agresión y subrayó que, a pesar de considerar a Nicolás Maduro un dictador ilegítimo, la operación estadounidense fue “ilegal e imprudente”. Harris enfatizó que “el pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan”.
División política y reacciones republicanas
A pesar de que la mayoría republicana respalda la intervención, hay excepciones. El congresista Thomas Massie instó a los seguidores de Trump a cuestionar las verdaderas motivaciones del ataque, sugiriendo que detrás de la operación hay intereses relacionados con el petróleo y el cambio de régimen más que con la lucha contra el narcotráfico.
En contraste, figuras influyentes del movimiento MAGA como Steve Bannon y Laura Loomer han expresado su apoyo a la acción. No obstante, la falta de información previa al Congreso, incluso al llamado “grupo de los ocho” —los principales líderes del Congreso en temas de seguridad nacional—, ha generado preocupación sobre el respeto a los procedimientos democráticos.
Comparaciones históricas y procedimientos legislativos
La intervención ha sido comparada con episodios pasados como la ‘operación Causa Justa’ de George Bush padre en Panamá y las invasiones a Irak y Afganistán bajo George W. Bush. Sin embargo, en aquellas ocasiones, los presidentes buscaron, al menos formalmente, respaldo bipartidista en el Capitolio. En esta ocasión, la decisión de Trump tomó por sorpresa incluso a los legisladores mejor informados.
Jim Himes, principal demócrata en el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, denunció que, pese a formar parte del grupo de los ocho, no recibió ninguna notificación previa sobre la operación. Ante este escenario, Schumer ha impulsado una resolución para activar los poderes de guerra del Congreso y restringir la capacidad del presidente para futuras acciones militares en Venezuela, con una votación prevista para mediados de semana.
Movilización ciudadana y respuesta social
Durante el fin de semana posterior al ataque, se registraron numerosas protestas en ciudades como Chicago, Dallas y Nueva York, donde cientos de personas expresaron su rechazo a la intervención y exigieron respeto al derecho internacional. En Washington, un grupo más reducido se manifestó frente a la Casa Blanca. En todas estas convocatorias, el mensaje fue claro: oposición a una posible guerra con Venezuela y denuncia de la falta de legalidad en la operación militar.
Frente a estas protestas, algunos sectores de la diáspora venezolana celebraron la acción en las calles, mostrando la diversidad de opiniones sobre la intervención.
Impacto en la popularidad de Trump
La crisis coincide con un momento especialmente difícil para el presidente Trump, según reflejan las últimas encuestas. Un sondeo de Gallup realizado a finales de 2025 situaba su nivel de aprobación en un 36%, por debajo del mínimo alcanzado durante su primer mandato. Este dato es especialmente relevante en el contexto del año electoral, cuando el Partido Republicano aspira a mantener su ajustada mayoría en el Congreso.
Una encuesta reciente de The Washington Post muestra una opinión pública dividida: el 42% de los estadounidenses desaprueba la decisión de Trump, mientras que el 40% la apoya. No obstante, una mayoría considera que el presidente debió consultar previamente al Congreso antes de actuar, lo que subraya la preocupación por la legalidad y transparencia en la toma de decisiones en materia de política exterior.
Perspectivas y próximos pasos
Mientras el Senado se prepara para votar la propuesta demócrata que podría limitar las acciones militares del Ejecutivo, el debate sobre los límites del poder presidencial en política exterior vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política estadounidense. El desenlace de esta crisis podría tener repercusiones significativas tanto en la política interna como en la relación de Estados Unidos con América Latina.
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