Organismos públicos españoles en la mira por impagos de primas a las renovables
La reciente negativa del Gobierno español a cumplir con los pagos derivados de la retirada de primas a las energías renovables ha desencadenado una ola de demandas internacionales y ha puesto en jaque a diversos organismos públicos españoles. Acreedores afectados por estos impagos han iniciado acciones legales en Estados Unidos, con el objetivo de embargar activos pertenecientes al Estado español o a entidades participadas por él, como Renfe, Paradores, el Instituto Cervantes, ENAIRE o INECO, así como la actividad internacional de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El caso Watkins y la escalada judicial
La situación se ha agravado a raíz del llamado “caso Watkins”. La compañía británica, tras invertir en el sector renovable español y ver cómo se revertían los incentivos prometidos e incluso se exigía la devolución de las primas ya concedidas, inició en 2015 un procedimiento de arbitraje internacional. El reclamo, por 123,9 millones de euros, fue presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, debido a los perjuicios ocasionados por los cambios regulatorios y fiscales entre 2010 y 2014.
En 2020, el tribunal arbitral falló a favor de Watkins y condenó a España a pagar 77 millones de euros, más intereses y costas judiciales. Este fallo fue ratificado en 2024 después de que el Gobierno español viera rechazada su solicitud de anulación. Sin embargo, hasta la fecha, España no ha abonado ningún importe, lo que ha motivado que Watkins recurra a la ejecución forzosa del laudo en jurisdicciones extranjeras.
La empresa forma parte de un grupo de siete compañías que han obtenido victorias similares en tribunales estadounidenses, sumando cerca de 700 millones de euros en laudos arbitrales pendientes de cobro.
Mecanismos legales para el embargo de activos
El fundamento jurídico de estas acciones se halla en el Convenio del CIADI, suscrito tanto por España como por Estados Unidos. Dicho acuerdo obliga a los países firmantes a reconocer y ejecutar los laudos arbitrales como si fueran sentencias propias, sin posibilidad de apelación ulterior.
Tras el reconocimiento de los laudos, los acreedores han iniciado procedimientos de “discovery order”, una figura del derecho procesal estadounidense que permite solicitar a tribunales la localización de bienes y activos del deudor, en este caso el Estado español. Mediante este mecanismo, los jueces pueden ordenar la entrega de documentación, correos electrónicos, registros financieros y cualquier material relevante que ayude a identificar activos susceptibles de embargo.
Objetivo: organismos públicos y activos comerciales
En el contexto de los laudos arbitrales contra España, los acreedores buscan identificar activos, contratos o ingresos de organismos públicos que puedan servir como garantía de cobro. Si logran demostrar que ciertas entidades actúan como “alter ego” del Estado, los tribunales pueden autorizar el embargo o retención de sus bienes.
- Renfe
- Paradores
- Instituto Cervantes
- ENAIRE
- INECO
- Actividad internacional de la SEPI
Estas entidades, por su actividad y participación estatal, están en el foco de las reclamaciones, al poder ser consideradas como instrumentos patrimoniales del Gobierno y quedar expuestas a medidas cautelares internacionales.
Medidas en juego: desde bloqueos a incautaciones
Entre las posibilidades que se barajan en los procedimientos abiertos en Estados Unidos destacan:
- Retención de pagos comerciales
- Bloqueo de cuentas bancarias
- Incautación de participaciones societarias
- Limitación de operaciones internacionales de empresas públicas
Para sortear los límites de la inmunidad soberana, los acreedores centran sus reclamaciones en activos con finalidad comercial, es decir, bienes y flujos económicos derivados de actividades mercantiles del Estado y no de funciones diplomáticas o de soberanía. De este modo, España no puede invocar la inmunidad estatal para evitar el pago de los laudos, ya que la justicia estadounidense considera que los laudos del CIADI son deudas firmes y exigibles, y que los activos estatales de naturaleza comercial pueden ser embargados.
El último recurso: la Corte Suprema de Estados Unidos
Ante este escenario, el Gobierno español ha presentado un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, solicitando amparo bajo el principio de inmunidad estatal. Sin embargo, la argumentación parece débil, dado que se trata de deudas con empresas privadas, derivadas de laudos arbitrales ya reconocidos por tribunales federales y que afectan a bienes no esenciales para la política exterior, como sucedería con una embajada o un consulado.
Mientras persista el impago, la presión legal sobre los activos públicos y comerciales de España en el extranjero continuará creciendo, con el consiguiente riesgo para entidades emblemáticas y para la reputación internacional del país en materia de seguridad jurídica y cumplimiento de compromisos internacionales.
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