Feminismo socialista: del clamor colectivo al silencio institucional
En las últimas décadas, España ha sido testigo de una profunda transformación legislativa impulsada por el feminismo de izquierdas, con la promulgación de numerosas leyes y la autoproclamación de “el Gobierno más feminista de la historia”. Sin embargo, esta hegemonía ideológica ha coincidido con un preocupante incremento de escándalos de abusos sexuales en el seno del PSOE, muchos de los cuales han quedado impunes. Este contraste ha generado un intenso debate sobre la efectividad y coherencia del feminismo institucional en el país.
Un marco legislativo bajo sospecha
La relación entre la proliferación de leyes feministas y los recientes casos de impunidad en agresiones sexuales dentro de la política española resulta ineludible. Desde la Ley Integral contra la Violencia de Género (Viogen) hasta la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como “Ley del Sí es Sí”, se han sucedido normativas cuyo objetivo era proteger a las mujeres y garantizar la igualdad. No obstante, estas mismas leyes han sido objeto de críticas por parte de sectores que señalan que, bajo el pretexto de la defensa de las mujeres, se han vulnerado derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Estas normativas han sido impulsadas, en gran medida, por un entramado de profesionales y cargos vinculados a partidos de izquierda, quienes han ocupado numerosos organismos y entidades públicas dedicadas a la igualdad. Sin embargo, se les acusa de perpetuar una visión maniquea: hombres sospechosos por defecto y mujeres incuestionablemente veraces, salvo que contradigan la narrativa dominante.
El efecto de la superioridad moral y el consenso
La izquierda política ha esgrimido una autoproclamada superioridad moral que, según diversos analistas, ha sido aceptada sin reservas por buena parte de la derecha. Así, partidos como el Partido Popular y Ciudadanos han apoyado legislaciones como la Ley Viogen y la “Ley del Sí es Sí”, aunque estas chocan con principios liberales y del Estado de derecho. Destacadas excepciones en el espectro conservador han sido figuras como Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo, que han expresado críticas públicas.
El fenómeno de la “Manada” —el caso de supuesta violación grupal en Pamplona— marcó un antes y un después, generando una movilización social sin precedentes y presionando a los partidos a endurecer aún más la legislación. Sin embargo, la controversia legal y mediática que rodeó el caso mostró también una tendencia a sacrificar garantías procesales en favor de la presión popular.
Las contradicciones del feminismo institucional
Con el paso del tiempo, la aplicación de estas leyes ha derivado en situaciones paradójicas. La reducción de penas y la excarcelación de condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la “Ley del Sí es Sí” generaron alarma social y obligaron incluso a sus impulsores a reformar la norma. A pesar del revuelo, gran parte de la clase política optó por reformas discretas en lugar de abordar el debate de fondo sobre la eficacia y justicia de estos enfoques legislativos.
- El respaldo a leyes polémicas se ha dado tanto en la izquierda como en la derecha.
- El discurso público ha sido dominado por el feminismo institucional, relegando a un segundo plano visiones liberales o críticas.
- La reacción ante los escándalos internos evidencia una doble vara de medir según la afiliación política de los implicados.
Impunidad y silencio ante los abusos
La reciente proliferación de denuncias por acoso y abuso sexual en las filas del PSOE ha puesto de manifiesto un fenómeno preocupante: la protección de los agresores por parte de las propias estructuras encargadas de velar por la igualdad y los derechos de las mujeres. A pesar de las quejas públicas, ninguna de las mujeres afectadas ha llevado sus casos ante la justicia, y la dirección del partido justifica la falta de denuncias aludiendo a la supuesta protección de las víctimas.
Este doble rasero se agrava cuando se compara la reacción ante casos similares en otros partidos. Mientras que la denuncia y la condena pública son inmediatas si el acusado es de derechas, el corporativismo y la preocupación por el daño al partido prevalecen en los casos que afectan a la izquierda.
Un feminismo que no protege a todas las mujeres
La hegemonía del feminismo de izquierdas en el discurso y la legislación española ha generado leyes restrictivas e incluso autoritarias, pero ha demostrado ser indiferente al sufrimiento real de muchas mujeres, especialmente cuando las denuncias afectan a figuras de su propio entorno político. Ni las dirigentes socialistas ni las de partidos aliados han presentado denuncias formales contra los implicados en casos recientes, lo que ha suscitado críticas sobre la autenticidad y eficacia de su compromiso.
Por otro lado, en la derecha, el silencio y la falta de defensa activa de un feminismo liberal han contribuido a perpetuar esta situación, dejando sin representación a quienes discrepan de la visión dominante y desean una defensa efectiva de los derechos civiles y la igualdad ante la ley.
Conclusión
El panorama actual del feminismo institucional en España refleja una preocupante desconexión entre el discurso y la realidad. Si bien el país ha avanzado en materia de igualdad legal, la instrumentalización política y la falta de coherencia en la aplicación de la ley han generado una situación de impunidad y desprotección para muchas mujeres. El debate pendiente exige revisar críticamente el marco legislativo y recuperar los principios de presunción de inocencia, justicia y defensa efectiva de los derechos fundamentales, sin distinción de ideologías.
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