La asistencia jurídica gratuita en crisis: menos abogados en el turno de oficio pese al aumento de la demanda
La asistencia jurídica gratuita es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española, que garantiza el acceso a la justicia para quienes carecen de recursos económicos. Sin embargo, este servicio público esencial atraviesa una situación crítica: el número de abogados adscritos al turno de oficio disminuye año tras año, a pesar de que la demanda ciudadana sigue en ascenso.
- La asistencia jurídica gratuita en crisis: menos abogados en el turno de oficio pese al aumento de la demanda
- Un derecho constitucional en peligro
- Descenso de profesionales en el turno de oficio
- Remuneración insuficiente y precariedad laboral
- Renuncias y protestas en el sector
- Condiciones laborales y trato desigual
- Compromiso con el servicio público y demandas de reforma
- Perspectivas de reforma y futuro del servicio
Un derecho constitucional en peligro
El artículo 119 de la Constitución Española establece que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. A pesar de esta protección legal, la asistencia jurídica gratuita, al igual que otros servicios públicos como la sanidad o la educación, afronta un deterioro que preocupa tanto a profesionales como a usuarios.
Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y adscrita al turno de oficio penal en Madrid, subraya que esta precariedad no es una novedad. “La situación siempre ha estado deteriorada”, afirma, haciendo hincapié en los problemas estructurales que arrastra el sistema.
Descenso de profesionales en el turno de oficio
Los datos son elocuentes: en 2024, el número de abogados inscritos en el turno de oficio cayó por primera vez por debajo de los 40.000 en toda España, según el XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi-La Ley. Esta disminución contrasta con el incremento de la demanda: las solicitudes de asistencia jurídica gratuita alcanzaron los 1,1 millones en 2024, un 5% más que el año anterior.
Mientras que en 2019 había 45.868 abogados en el turno de oficio (el 31,2% de los ejercientes), en 2024 la cifra descendió a 39.941 (el 26,8%). Es decir, en cinco años, el número de profesionales dedicados a este servicio se ha reducido un 13%.
La caída en el número de letrados afecta prácticamente a todas las comunidades autónomas, salvo Andalucía y la Comunidad Valenciana. Esta tendencia preocupa especialmente porque se produce en un contexto de aumento tanto de la demanda como del número total de abogados colegiados.
Remuneración insuficiente y precariedad laboral
Uno de los principales motivos del abandono del turno de oficio es la baja remuneración. Ángel Méndez, presidente de la Subcomisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, señala que “la precariedad que sufrimos a todos los niveles, pero especialmente en la retribución, es el problema fundamental”.
La brecha salarial es significativa. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia paga 291,60 euros por un procedimiento penal abreviado, mientras que en la Comunidad Valenciana la cifra asciende a 440 euros. La diferencia es aún mayor si se compara con los honorarios de un abogado particular: por un procedimiento ordinario, un letrado del turno de oficio puede percibir entre 280 y 300 euros, frente a los 3.000 o 3.500 euros que se pagan en el ámbito privado.
El caso de la Audiencia Nacional es especialmente paradigmático. Allí se juzgan delitos de terrorismo, narcotráfico o corrupción, que requieren una dedicación total durante semanas o incluso meses. Sin embargo, la remuneración puede quedarse en torno a los 500 euros por macrocausas que suponen una enorme carga de trabajo.
Renuncias y protestas en el sector
La situación ha llevado a movimientos de protesta entre los propios abogados. En diciembre, el Colegio de la Abogacía de Madrid se sumó a una renuncia masiva al turno de oficio de la Audiencia Nacional, promovida por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), que reclama una retribución “digna y acorde con la responsabilidad” del servicio.
Según datos de Altodo, al menos un 25% de los abogados del turno de oficio en la Audiencia Nacional han causado baja. La incertidumbre sobre cómo se cubrirán los servicios esenciales preocupa tanto a los profesionales como a los usuarios.
Condiciones laborales y trato desigual
La precariedad no se limita al aspecto económico. Los abogados del turno de oficio denuncian situaciones como suspensiones de vistas sin aviso, información insuficiente sobre los casos o trato discriminatorio en los propios juzgados. Endika Zulueta, penalista con 38 años de experiencia, reclama “las mismas condiciones que tienen los abogados particulares”, y cuestiona que se exija a los letrados del turno de oficio ser considerados agentes de autoridad, aludiendo a posibles conflictos de confianza con sus representados.
Además, algunas organizaciones denuncian prácticas discriminatorias, como controles de seguridad más estrictos para los abogados del turno de oficio respecto a otros profesionales.
Compromiso con el servicio público y demandas de reforma
A pesar de las dificultades, muchos abogados mantienen su compromiso con el servicio público. Alejandra Jacinto reconoce que, aunque existe un debate constante sobre la continuidad en el turno de oficio, prevalece el sentido de responsabilidad social y la defensa del acceso a la justicia.
Para garantizar la viabilidad y calidad de este servicio esencial para la democracia, el Consejo General de la Abogacía Española urge al Ministerio de Justicia a abordar una reforma integral y “inaplazable”. Actualmente, se mantienen reuniones para avanzar en la aprobación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Perspectivas de reforma y futuro del servicio
El Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños, ha anunciado su compromiso de aprobar una nueva ley en los primeros meses de 2026. Según el departamento, la nueva normativa modernizará la regulación del servicio, revisando criterios como la definición de insuficiencia de recursos, los requisitos para acceder a la prestación y la organización de los servicios de asistencia especializada y los turnos de oficio.
El futuro de la asistencia jurídica gratuita, clave para la igualdad ante la ley, dependerá de la capacidad de las instituciones para responder a las demandas de los profesionales y garantizar el acceso efectivo a la justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad.
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