Estalla la indignación en el PSOE por el caso Salazar: denuncian encubrimiento y falta de transparencia
La polémica en torno al caso de Paco Salazar ha provocado una oleada de malestar en el seno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), especialmente entre las militantes y sectores críticos que acusan a la dirección nacional de haber actuado con opacidad y falta de diligencia ante las denuncias por acoso que salieron a la luz en el mes de julio.
Acusaciones de encubrimiento y silencio impuesto
Fuentes socialistas consultadas han manifestado su profunda decepción por la gestión interna del caso. Según señalan, la cúpula del partido habría impuesto un estricto silencio sobre las denuncias presentadas contra Salazar, justo antes de su nombramiento en la nueva ejecutiva, lo que finalmente derivó en su renuncia. Durante cinco meses, se habría vetado cualquier debate o discusión interna sobre el asunto, en un intento por evitar que el escándalo trascendiera públicamente y proteger la imagen del partido.
“Nos dijeron que todo era un complot para que no ocupara el cargo en la dirección”, denuncian voces internas, que apuntan a la existencia de maniobras y alianzas destinadas a encubrir posibles casos de acoso, en contradicción con los valores de transparencia que el PSOE reivindica en sus discursos públicos.
Intervenciones críticas y el papel de las mujeres socialistas
El Comité Federal del pasado 5 de julio fue testigo de intervenciones especialmente significativas. Adriana Lastra, delegada del Gobierno en el Principado de Asturias y vicesecretaria general de la federación socialista asturiana, subrayó las dificultades que enfrentan las mujeres para romper con estructuras de poder marcadamente masculinas y excluyentes dentro del partido. Lastra expresó su rechazo a la designación de Salazar tras conocerse las denuncias, recordando el descrédito y las presiones sufridas incluso por figuras de alto rango en la organización.
Críticas a la eficacia de los protocolos internos
En ese mismo Comité Federal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó a las víctimas a utilizar los canales internos de denuncia y garantizó protección para quienes los utilizaran. Sin embargo, varias diputadas socialistas han cuestionado la efectividad real del protocolo de actuación frente al acoso sexual aprobado entonces, calificándolo de poco útil en la práctica.
- Protocolo interno considerado insuficiente por las propias militantes.
- Falta de apoyo efectivo a las víctimas tras formalizar sus denuncias.
- Preocupación por la persistencia de estructuras de poder masculinas.
Reacciones y reuniones de urgencia
Ante la creciente indignación interna, la dirección socialista convocó de urgencia, y bajo un fuerte hermetismo, una reunión telemática con las secretarías de Igualdad de las distintas comunidades autónomas, encabezada por Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. El objetivo era tratar de calmar los ánimos y responder a las críticas crecientes desde las federaciones.
A nivel orgánico, ya no existen mecanismos para actuar contra Salazar, lo que ha aumentado el malestar en las bases del partido. Diversas federaciones han expresado su disconformidad por el respaldo que, según denuncian, recibió Salazar por parte de Rebeca Torró, responsable de Organización, y de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces.
Demandas de actuación y transparencia
“El partido tendría que haber actuado desde el minuto cero”, reclaman fuentes internas, lamentando que las víctimas hayan sido silenciadas tras recurrir a los canales internos del partido. La gestión del caso Salazar ha abierto una profunda brecha en el PSOE, reavivando el debate sobre la transparencia, la igualdad y la protección efectiva frente al acoso dentro de las organizaciones políticas.
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