Condena al hermano de Pedro Sánchez: la Audiencia de Badajoz aplica doctrina del Supremo en caso de prevaricación
La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia condenatoria contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, exlíder de los socialistas extremeños, por delitos de prevaricación administrativa relacionados con la adjudicación de una plaza de coordinador en los conservatorios de Badajoz en 2017. El fallo se fundamenta en la jurisprudencia marcada por la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de información reservada, a pesar de la ausencia de pruebas directas.
Referencia a la sentencia del Tribunal Supremo
La resolución de la Audiencia de Badajoz cita de manera extensa la argumentación utilizada por el Supremo en el caso del exfiscal general. En particular, reproduce durante cinco páginas fragmentos de los fundamentos jurídicos de la sentencia que estableció como hecho probado la filtración de información a la prensa por parte del fiscal general o personas de su entorno, sin contar con evidencia probatoria directa.
Siguiendo este precedente, la Audiencia pacense sostiene que la creación de la plaza de coordinador en los conservatorios respondió a «razones espurias», aunque reconoce que no se ha acreditado que existiera un tráfico de influencias dirigido por responsables de la Diputación de Badajoz para favorecer a David Sánchez.
Detalles de la condena y valoración de las pruebas
La sentencia establece que la plaza fue creada sin ser «necesaria ni urgente», indicando que su origen respondía a intereses particulares y no al interés general. Sin embargo, el tribunal admite que no se ha podido determinar quién solicitó la creación del puesto ni si los condenados actuaron de manera coordinada para beneficiar a David Sánchez debido a su parentesco con el entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Pese a la falta de pruebas directas, los magistrados subrayan la importancia de la prueba indiciaria en delitos contra la Administración Pública, especialmente en casos donde los actos previos rara vez quedan reflejados en documentos y los testigos suelen ser reticentes o preparar sus declaraciones.
Implicaciones para David Sánchez y otros acusados
David Sánchez ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por su cooperación en prevaricación administrativa, aunque el tribunal reconoce que no protagonizó ningún hecho probado relevante más allá de haber presentado su solicitud y participado en el proceso selectivo. Otros ocho funcionarios o extrabajadores de la Diputación han sido absueltos del delito de tráfico de influencias y, por tanto, no enfrentan penas de prisión.
El papel de la UCO en la investigación
La sentencia otorga especial valor a las declaraciones de Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien vinculó a Miguel Ángel Gallardo con la creación de la plaza tras analizar el caso de forma integral. Según la UCO, la decisión política de crear el puesto se originó en la Presidencia de la Diputación y no en el área de Cultura.
- La UCO consideró relevante que David Sánchez contactara con el propietario de una vivienda en Badajoz antes de finalizar el proceso selectivo, lo que interpretaron como una señal de que la plaza estaba destinada para él.
- El intercambio de correos entre directores de los conservatorios, con el asunto «Hermanísimo», fue interpretado por los investigadores como un indicio de favoritismo hacia el hermano del presidente.
Condenas adicionales y contexto
Miguel Ángel Gallardo, además de la condena por la plaza de David Sánchez, ha sido declarado culpable de otro delito de prevaricación administrativa por la adjudicación de un puesto directivo a Luis Carrero, considerado también innecesario y creado con el objetivo de favorecer a un colaborador cercano. En total, Gallardo enfrenta dieciocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
El caso pone de relieve la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo en materia de valoración de pruebas indiciarias en delitos de corrupción administrativa, generando debate sobre la suficiencia de los indicios frente a la ausencia de pruebas directas.
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