Comunidades autónomas activan pisos protegidos y control de precios ante la crisis de vivienda

Pisos protegidos de por vida, cooperativas y control de precios: así responden las comunidades autónomas a la crisis de la vivienda

Mientras el debate nacional sobre la regulación del mercado inmobiliario se recrudece, varias comunidades autónomas han tomado la iniciativa con medidas propias para enfrentar la escalada de precios y la dificultad de acceso a la vivienda. Desde regímenes sancionadores para propietarios hasta la protección indefinida de pisos sociales, los gobiernos regionales exploran fórmulas diversas más allá del rechazo del Partido Popular (PP) a la intervención estatal.

Catalunya: pionera en control de precios y sanciones

Catalunya fue la primera comunidad en aplicar la Ley de Vivienda estatal para limitar los precios del alquiler y declarar zonas de mercado tensionado. La Generalitat no solo impuso topes a las rentas, sino que también aprobó un régimen sancionador para multar a los propietarios que incumplan estas restricciones o recurran a alquileres fraudulentos.

Según datos de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en los municipios con intervención, los precios han evolucionado por debajo del IPC, mientras que en el resto se mantienen por encima. Actualmente, 171 ayuntamientos catalanes —que agrupan a nueve de cada diez habitantes— están declarados como zonas tensionadas.

Además, Catalunya ha regulado el alquiler de temporada y habitaciones, ha hecho más progresivo el impuesto de transmisiones patrimoniales y aumentado la carga fiscal a los grandes tenedores de vivienda. También continúa la adquisición de inmuebles para ampliar el parque público de alquiler y cooperar con los municipios para movilizar suelo residencial.

Navarra: pisos protegidos para siempre y apuesta por cooperativas

En Navarra, la política de vivienda se basa en la protección indefinida de los pisos sociales. Desde 2021, las viviendas protegidas no pueden ser descalificadas para pasar al mercado libre, una práctica frecuente en otras regiones que acaba encareciendo los precios. Esta medida afecta ya a todas las promociones entregadas desde esa fecha.

La comunidad foral también impulsa la rehabilitación de edificios y fomenta tanto el alquiler social como la venta en derecho de superficie. La compra de casas vacías y acuerdos con privados completan la estrategia. Además, Navarra promueve la creación de cooperativas de vivienda, cediendo suelo público y ofreciendo apoyo técnico y financiero. A día de hoy, casi la mitad de los alquileres en la región cuentan con algún tipo de intervención pública.

Euskadi: más oferta y control de precios

El Gobierno vasco ha aprobado una nueva ley para aumentar la oferta de vivienda y contener los precios. Se agilizan los trámites urbanísticos y se incrementa la vivienda protegida y accesible. También se proponen avales para jóvenes compradores y la prohibición de nuevos alojamientos turísticos en zonas tensionadas.

La Consejería de Vivienda impondrá controles temporales de precios en los municipios más afectados, alineándose así con las disposiciones de la Ley estatal. Euskadi ha declarado recientemente varias zonas tensionadas, incluyendo ciudades como Donostia, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Irún y Barakaldo.

Asturias: protección vitalicia y movilización de vivienda vacía

Asturias se suma a la tendencia de protección indefinida de las viviendas sociales, prohibiendo su liberalización con el tiempo. El Principado ha iniciado la construcción de más de 500 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible, con el objetivo de superar las 10.000 unidades al final de la legislatura.

Destaca el programa Alquilámoste, que moviliza vivienda vacía mediante la cesión temporal de inmuebles a la administración, quien se encarga de buscar inquilinos y gestionar el alquiler a precios inferiores al mercado. Esta iniciativa ha tenido una rápida acogida tanto entre propietarios como demandantes.

Canarias: incentivos fiscales y limitación a compradores extranjeros

El ejecutivo canario ha reforzado las ayudas al alquiler y el Bono Joven, junto a incentivos fiscales para propietarios que alquilen por debajo del precio de mercado. Entre sus propuestas más destacadas figura la intención de limitar la compra de vivienda a extranjeros, una medida que la administración insular ha pedido formalmente a la Unión Europea.

Canarias prepara también un programa de hipotecas para jóvenes que cubre hasta el 95% del valor de la vivienda y un plan piloto para incorporar viviendas vacías al alquiler con precios limitados e incentivos para los propietarios.

Castilla-La Mancha: construcción, rehabilitación y acceso facilitado

Castilla-La Mancha articula su política en tres ejes: promover la construcción de nueva vivienda, rehabilitar el parque existente y eliminar barreras económicas y administrativas. El gobierno regional ha diseñado un paquete de medidas que incluye préstamos para la compra de la primera vivienda y el aumento de la oferta en alquiler asequible.

Debido a su dualidad territorial —zonas limítrofes con Madrid de alta demanda y áreas rurales con viviendas en desuso—, la comunidad apuesta por soluciones diferenciadas, aunque aún no ha declarado zonas tensionadas.

El modelo de las comunidades gobernadas por el PP

Once gobiernos autonómicos están actualmente en manos del PP, formación que rechaza la Ley de Vivienda estatal y la intervención directa en el mercado. Su enfoque se centra en la construcción de vivienda sin imponer límites de precios, con la esperanza de que el aumento de la oferta modere el mercado.

• Comunidad de Madrid: apuesta por avales para jóvenes y el Plan Vive de alquiler asequible, pero rechaza limitar precios o restringir compras a no residentes.
• Illes Balears: prevé sumar más de 7.000 viviendas asequibles y estudia con Europa un régimen especial para las islas, aunque sin medidas concretas para limitar compras a extranjeros.
• Andalucía: se focaliza en la construcción de vivienda protegida, con límites de precio en venta y alquiler, pero descarta intervenir el mercado.
• Galicia: impulsa la conversión de bajos comerciales en viviendas y la rehabilitación de inmuebles en cascos históricos para destinarlos a alquiler accesible. También rechaza la declaración de zonas tensionadas por considerarla ineficaz.
• Comunidad Valenciana: incrementa la vivienda protegida y refuerza los avales para la primera vivienda, además de implementar un plan antiokupación. Mantiene la negativa a intervenir precios.

El mismo enfoque se replica en otras regiones gobernadas por el PP, como Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Murcia, Cantabria y Aragón, donde la intervención en el mercado del alquiler está descartada.

Debate abierto y caminos divergentes

La aplicación de la Ley de Vivienda y la intervención autonómica han abierto un debate sobre la efectividad de las políticas de control de precios y la necesidad de ampliar el parque público. Mientras comunidades como Catalunya, Navarra, Euskadi y Asturias avanzan en la protección y regulación, otros territorios apuestan por el crecimiento de la oferta y la liberalización del mercado.

Aunque el PP sostiene que la declaración de zonas tensionadas reduce la oferta, los datos de algunas comunidades demuestran que, con control y medidas complementarias, es posible contener precios y mejorar el acceso a la vivienda. El pulso entre modelos residenciales sigue abierto y marcará la evolución del mercado inmobiliario en los próximos años.