Citan como testigo a una consejera por los contratos sanitarios de emergencia del Gobierno de Moreno
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a declarar, en calidad de testigo, a Catalina García, actual consejera de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía y exviceconsejera de Salud, en el marco de la investigación sobre la continuidad de los contratos sanitarios de emergencia tras el fin de la pandemia de la covid-19.
Investigación sobre contratos sanitarios tras la pandemia
La citación, que se hará efectiva el próximo 20 de enero, responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo es esclarecer el cambio en la fiscalización de los contratos investigados, que se mantuvieron en vigor una vez superada la fase aguda de la crisis sanitaria. Junto a Catalina García, también ha sido llamado a declarar Roberto Ochoa, quien fuera viceconsejero de Hacienda durante el periodo bajo investigación.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la declaración de García se relaciona con su etapa al frente de la Viceconsejería de Salud, cargo que ocupó antes de asumir la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente desde julio de 2022.
Contexto y justificación de los contratos
La investigación judicial se centra en el mantenimiento de contratos de emergencia sanitaria en Andalucía por un valor total de 242 millones de euros, a pesar de que la situación de pandemia que los justificaba ya se consideraba superada. La denuncia fue presentada por el Partido Socialista ante la supuesta prolongación irregular de estos contratos.
El pasado 25 de noviembre comparecieron ante el juez, en calidad de investigados, la gerente actual del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, así como sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Todos ellos defendieron la legalidad de su actuación, argumentando que los contratos se mantuvieron basándose en informes técnicos y en el contexto excepcional provocado por la covid-19.
Cambio en el sistema de control de gastos
Entre los aspectos que se pretende esclarecer destaca la modificación, aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz el 6 de octubre de 2020, del sistema de fiscalización previa de determinados gastos públicos. Dicho sistema fue sustituido, en un contexto de urgencia, por el denominado Control Financiero Permanente, lo que facilitó la tramitación de los contratos de emergencia.
- La instrucción busca determinar la legalidad y justificación de esta medida excepcional.
- Se investiga si la eliminación del control previo favoreció irregularidades en la contratación.
Prórroga del plazo de instrucción
En su última resolución, el juez instructor ha decidido también prorrogar el plazo de investigación hasta el 1 de abril de 2026, permitiendo así continuar con la recopilación de pruebas y declaraciones relevantes para esclarecer los hechos.
El procedimiento sigue su curso con nuevas comparecencias clave, mientras la Junta de Andalucía y los responsables implicados defienden la legalidad de sus actuaciones ante la gestión de una crisis sanitaria sin precedentes.
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