Cierra el DOGE de Trump: miles de muertos y frenan pesquisas sobre Musk

El cierre del DOGE de Trump deja miles de muertos y detiene investigaciones sobre Musk

El final del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), impulsado durante la presidencia de Donald Trump y con una notable influencia de Elon Musk, ha dejado profundas consecuencias en la administración pública estadounidense. El 4 de julio de 2026, de acuerdo a lo estipulado en su orden ejecutiva de creación, el DOGE concluyó sus funciones. Su legado, sin embargo, se mide en despidos masivos, el desmantelamiento de agencias federales clave y la paralización de litigios contra empresas asociadas a Musk, como SpaceX y Tesla.

Desmantelamiento de USAID: una tragedia humanitaria

Una de las principales víctimas del DOGE fue la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), pilar de la cooperación humanitaria global. Cientos de empleados alrededor del mundo fueron despedidos de manera abrupta, perdiendo acceso a los sistemas internos de la agencia y quedando fuera de sus puestos de trabajo de la noche a la mañana.

El impacto fue doble: no solo cesaron las operaciones de ayuda y desarrollo, sino que también desapareció uno de los mayores financiadores de organizaciones no gubernamentales internacionales. Según un análisis de la Escuela de Salud Pública de Harvard, la clausura de USAID habría provocado la muerte de 600.000 personas, dos tercios de ellas menores de edad.

Un estudio publicado por la revista The Lancet advertía ya en 2025 que la desaparición total de USAID podría traducirse en hasta 14 millones de muertes evitables, incluidos cuatro millones de niños. La reciente emergencia sanitaria por un brote de ébola en el Congo ha puesto nuevamente en evidencia el coste humano de estos recortes. De hecho, el propio Musk reconoció haber eliminado accidentalmente los programas de control epidemiológico cuando aún ejercía influencia en la Casa Blanca.

Agravio a la supervisión y litigios empresariales

El desmantelamiento de USAID resultó también conveniente para Musk, ya que la agencia investigaba las operaciones de Starlink, filial de SpaceX, en Ucrania. El inspector general de USAID, Paul K. Martin, informó al Congreso en septiembre de 2024 sobre una investigación relacionada con la entrega de 5.000 terminales Starlink a Kiev en 2022. Esta pesquisa coincidió con denuncias de uso indebido de la tecnología por parte de operativos rusos, lo que generó dudas sobre la seguridad del sistema en un contexto de conflicto.

Con la desaparición de USAID, todas las investigaciones en marcha quedaron archivadas. Esta tendencia se repitió en otras agencias federales, especialmente en aquellas con procedimientos abiertos contra compañías vinculadas a Elon Musk.

Recortes y paralización de investigaciones laborales

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), encargada de la protección de los derechos de los trabajadores, fue otra de las grandes afectadas por los recortes impulsados por el DOGE. Al menos siete procedimientos contra Tesla y diez contra SpaceX quedaron congelados tras el despido de funcionarios clave, entre ellos un miembro de la junta.

• En Tesla, los casos afectaban a cerca de 140.000 empleados e investigaban posibles prácticas laborales injustas.
• En SpaceX, el foco estaba en denuncias de despido ilegal de trabajadores que habían criticado públicamente a Musk.

En noviembre de 2025, SpaceX argumentó ante un tribunal federal que la NLRB era inconstitucional, una postura a la que se sumó Amazon, intensificando la presión contra la supervisión federal.

Además, una filtración a NPR reveló que el DOGE accedió a datos sensibles sobre sindicatos y empleados que presentaron reclamaciones laborales, lo que ha despertado preocupaciones sobre la privacidad y la protección de los trabajadores.

Impacto en la supervisión sanitaria y financiera

Los recortes afectaron también a la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA), eliminando puestos clave en la supervisión de los implantes cerebrales desarrollados por Neuralink, otra de las empresas de Musk. Paralelamente, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada tras la crisis financiera de 2008 para supervisar a grandes corporaciones, vio reducida su capacidad operativa, limitando su papel como regulador del sector financiero.

La CFPB, desde su fundación en 2011, había sido blanco de críticas por parte de Wall Street y de líderes republicanos. Los recortes ejecutados bajo el DOGE minaron su efectividad en la vigilancia y control de abusos por parte de grandes empresas.

Un ahorro millonario para Musk

La suspensión de investigaciones y la relajación de regulaciones han significado un importante ahorro económico para Elon Musk. Un informe del Senado estadounidense estimó en abril de 2025 que el empresario se benefició con al menos 2.370 millones de dólares al evitar litigios y sanciones derivadas de las investigaciones paralizadas.

El documento advertía, además, que la cifra es conservadora y subestima los beneficios reales obtenidos por Musk gracias a la reducción de riesgos legales y regulatorios durante su paso por la administración gubernamental.

Conclusión

El cierre del DOGE y el desmantelamiento de agencias clave han dejado una huella imborrable en el panorama político, social y económico de Estados Unidos y del mundo. A la pérdida de vidas humanas por el recorte de ayuda humanitaria se suman los cuestionamientos sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de derechos laborales y del consumidor frente a los intereses de grandes corporaciones tecnológicas.