Andalucía suprime impuestos ecológicos: menos ingresos y alarma ambiental

Andalucía elimina impuestos ecológicos: 4,5 millones menos para el erario y mayores riesgos ambientales

La reciente supresión de los impuestos ecológicos en Andalucía, fruto del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox, ha generado una fuerte polémica entre organizaciones ecologistas y sectores sociales. La medida, que implica la desaparición de tributos sobre emisiones contaminantes, vertidos al litoral y uso de bolsas de plástico, supone un recorte de 4,5 millones de euros en la recaudación pública y un aumento de la preocupación ante los crecientes riesgos ambientales en la región.

Un acuerdo polémico en una región vulnerable al cambio climático

La decisión de eliminar estos impuestos se recoge en el acuerdo de gobierno que ha permitido la reelección de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. El documento justifica la medida como parte de un rechazo a “agendas ideológicas” en materia ambiental y busca, según sus promotores, “reducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas de trabajo de familias, empresas y autónomos”. Sin embargo, la supresión afecta a tres de los cuatro tributos propios de carácter ambiental, manteniéndose únicamente el impuesto sobre depósitos de residuos peligrosos.

Andalucía, una de las comunidades más afectadas por los fenómenos derivados del cambio climático —como olas de calor, inundaciones e incendios forestales cada vez más intensos—, se enfrenta así a una revisión profunda de su política ambiental, una decisión que ha sido calificada de grave retroceso por las principales organizaciones ecologistas.

Impuestos suprimidos: origen y recaudación

La eliminación afecta a los siguientes tributos:

• Impuesto sobre vertidos a aguas litorales: Creado en 2003, busca incentivar el buen estado químico y ecológico de las aguas costeras, gravando con 10 euros cada unidad contaminante vertida.
• Impuesto sobre emisiones de gases a la atmósfera: También implantado en 2003, penaliza las emisiones contaminantes de CO₂, óxidos de nitrógeno y azufre desde instalaciones industriales, con tarifas que oscilan entre 5.000 y 14.000 euros según el volumen de emisiones.
• Impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso: Introducido en 2010, grava con 5 céntimos cada bolsa entregada en comercios, con el objetivo de reducir el consumo de este producto altamente contaminante.

Según los datos oficiales de la Junta, en 2025 estos tributos aportaron 4.467.782 euros a las arcas públicas, un 6,7% más que el año anterior. El principal ingreso provino del impuesto sobre vertidos (3,24 millones de euros), seguido del de emisiones de gases (1,07 millones) y el de bolsas de plástico (94.171 euros).

Contexto normativo nacional y europeo

Cabe destacar que la reducción del uso de bolsas de plástico no es exclusiva de Andalucía. El Gobierno central ya regula este aspecto desde 2018, con una disminución del 40% en el consumo per cápita de bolsas, pasando de 241 al año en 2017 a 142 en 2023. Estas medidas se enmarcan en la directiva europea 2015/720 y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que fija como objetivo una reducción del 70% en productos plásticos de un solo uso para 2030.

Reacciones de organizaciones ecologistas

La supresión de los tributos ambientales ha sido rechazada de plano por entidades como Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF. Según Luis Berraquero, coordinador andaluz de Greenpeace, la medida resulta “dramática” y supone ignorar los datos científicos sobre el impacto del cambio climático en Andalucía. Además, destaca la contradicción de eliminar el impuesto sobre emisiones en una de las regiones líderes en España en generación de gases de efecto invernadero.

Ecologistas en Acción, por su parte, advierte que la eliminación del impuesto sobre vertidos al litoral lanza “un mensaje muy peligroso”, especialmente en una comunidad con numerosos incumplimientos de la directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales. Recordaron además las consecuencias ambientales de la reapertura de minas como Aznalcózar y Las Cruces, que han provocado la detección de altos niveles de metales pesados en especies del Guadalquivir.

Sobre el impuesto de bolsas de plástico, aunque reconocen que no es la única solución, los ecologistas resaltan su eficacia para reducir el consumo y consideran incoherente eliminarlo cuando las estadísticas demuestran su impacto positivo.

Dudas legales y advertencias sobre la sostenibilidad

El aspecto legal de la supresión también ha sido puesto en cuestión. Daniel López, portavoz de Ecologistas en Acción, recuerda que parte de la fiscalidad ambiental está regulada a nivel estatal y europeo, lo que puede dificultar o incluso impedir la implementación de estos cambios sin vulnerar normativas superiores. La organización no descarta recurrir a la vía judicial si se materializan estas modificaciones.

Juanjo Carmona, de WWF, advierte del riesgo de convertir a Andalucía en un territorio menos competitivo respecto a otras comunidades o países que mantienen estándares ambientales, lo que podría traducirse en conflictos comerciales y pérdida de ayudas públicas. Además, alerta sobre el peligro de que la eliminación de controles ambientales provoque nuevos episodios de contaminación y daños reputacionales a los productos andaluces.

Impacto económico y social

La eliminación de estos tributos plantea un debate sobre el futuro de los servicios públicos en Andalucía. Ecologistas en Acción califica de “contradictorio” el argumento de reducir la presión fiscal mientras se promete aumentar la inversión en sanidad, educación y dependencia, cuestionando de dónde saldrán los recursos para financiar estos servicios esenciales.

Conclusión: una decisión de alto riesgo ambiental

La supresión de los impuestos ecológicos en Andalucía supone un cambio de rumbo en la política ambiental de la comunidad, con consecuencias aún difíciles de medir, pero que anticipan mayores riesgos para el entorno natural y una menor capacidad de respuesta ante los retos del cambio climático. Las organizaciones ambientales reclaman una movilización social y advierten de los peligros de subordinar la protección medioambiental a intereses económicos a corto plazo, recordando que la sostenibilidad es una cuestión de interés colectivo y futuro.