Bruselas da marcha atrás en las regulaciones estrella de Von der Leyen

Bruselas inicia el desmantelamiento del intervencionismo regulatorio de Von der Leyen

En los últimos meses, la Unión Europea ha comenzado a dar marcha atrás en algunos de los pilares regulatorios más ambiciosos y controvertidos que impulsó Ursula von der Leyen durante su mandato al frente de la Comisión Europea. El que durante años fue presentado como un proyecto coherente y expansivo de intervención económica, sostenibilidad obligatoria y armonización normativa, muestra ahora síntomas evidentes de desgaste. No se trata de una ruptura brusca, sino de una erosión progresiva: regulaciones que se suavizan, calendarios que se posponen y exigencias que se reinterpretan a la baja.

Fatiga regulatoria y nuevo panorama político en la UE

Este cambio responde a una combinación de factores. Por un lado, la fatiga regulatoria de empresas y Estados miembros, que se manifiesta cada vez con mayor claridad. Por otro, el panorama político en Bruselas ha dado un giro: con nuevos equilibrios parlamentarios, el Partido Popular Europeo comienza a acercarse a formaciones como ECR y Patriots, alejándose de su tradicional alianza con socialistas y verdes. A esto se suma la influencia de gobiernos nacionales, como el de Italia liderado por Giorgia Meloni, que han decidido oponerse a la deriva intervencionista y promover una agenda más pragmática, centrada en la competitividad y el crecimiento económico.

El resultado es un proceso silencioso pero efectivo de desmontaje del andamiaje regulatorio que marcó el mandato de Von der Leyen, afectando de lleno a su legado político.

Retroceso en la política climática: revisión de la prohibición de vehículos de combustión

Uno de los primeros signos de este repliegue regulatorio se ha manifestado en la política climática. Bruselas ha reconocido que la prohibición de vender vehículos de combustión interna a partir de 2035 ya no es inamovible. La Comisión ha abierto la puerta a revisar los plazos y condiciones, admitiendo que los objetivos fijados en el marco del Pacto Verde Europeo resultan difíciles de sostener sin dañar gravemente a la industria del continente.

Este ajuste responde a diversas presiones. Varios Estados miembros, encabezados por Italia, han alertado sobre el impacto negativo que estas medidas pueden tener en el empleo, la inversión y la competitividad. Además, sectores industriales clave han expresado su preocupación, en un contexto internacional menos favorable a políticas climáticas estrictas. En consecuencia, la Comisión opta por flexibilizar sus posturas, vaciando de contenido uno de los principales símbolos del mandato de Von der Leyen, aunque sin presentarlo como una rectificación ideológica.

La Directiva de diligencia debida en sostenibilidad se debilita

Otro de los pilares regulatorios que empieza a tambalearse es la Directiva de diligencia debida en sostenibilidad (CCDDD), una de las regulaciones más intrusivas del paquete verde. Originalmente diseñada para extender la responsabilidad legal de las empresas a toda su cadena de suministro global, la norma ha generado un rechazo creciente dentro y fuera de la UE.

Actualmente, la Comisión Europea trabaja en una reinterpretación mucho más flexible de la normativa: menos controles, menor exposición jurídica y una notable reducción de las obligaciones para las empresas. La CCDDD no se deroga formalmente, pero se transforma en un texto mucho menos exigente del que fue anunciado. Así, se repite el patrón: grandes objetivos iniciales que, en la práctica, se traducen en aplicaciones cada vez más limitadas.

Regulación contra la deforestación importada: resistencia política

La regulación destinada a frenar la deforestación causada por importaciones es otro ejemplo significativo de este viraje. La normativa, que pretendía imponer controles estrictos a productos procedentes de terceros países, ha encontrado una creciente resistencia en el Parlamento Europeo.

En este caso, el cambio es especialmente relevante. ECR y Patriots han conseguido atraer al Partido Popular Europeo hacia una postura más crítica, rompiendo la tradicional alianza con socialistas y verdes. Así, el Parlamento avanza hacia una posición más laxa incluso que la del Consejo de la UE, en gran parte impulsada por la insistencia de Italia. El efecto práctico: un nuevo retroceso en la agenda ambiental de Von der Leyen, propiciado por un claro cambio en las mayorías políticas dentro de Bruselas.

La Tobacco Excise Directive (TED), símbolo de la contestación

La denominada Tobacco Excise Directive (TED) se ha convertido en otro foco de contestación. Esta propuesta, que grava de manera especialmente dura productos de reducción de daño como el vapeo, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina, es percibida como una combinación de intervencionismo sanitario excesivo y afán recaudatorio.

El malestar no se limita a los Estados miembros. El hecho de que parte de la recaudación se destine directamente al presupuesto comunitario ha reforzado la percepción de que la Comisión utiliza la regulación como vía para expandir su poder fiscal y político. La TED se ha transformado así en símbolo de los excesos de una agenda que empieza a encontrar resistencias incluso dentro de las propias instituciones europeas.

Un proceso de erosión gradual pero profundo

En conjunto, estos movimientos delinean una tendencia clara: el proyecto regulatorio impulsado por Ursula von der Leyen no se derrumba de forma abrupta, pero sí entra en una fase de erosión constante. Las normas permanecen sobre el papel, pero pierden fuerza, coherencia y ambición a medida que cambian los equilibrios políticos y aumentan las resistencias.

Bruselas no ha renunciado al discurso verde ni a la retórica de la sostenibilidad, pero empieza a aceptar, aunque tarde, que el intervencionismo regulatorio conlleva costes económicos y políticos difíciles de asumir. El resultado es un desmantelamiento gradual del andamiaje que definió la pasada legislatura: un proceso silencioso, pero profundo, que marca el inicio del fin del proyecto más ideológico de Von der Leyen en la Comisión Europea.