Bildu ofrecerá viviendas municipales a ocupantes de asentamientos ilegales en Pamplona en medio de la polémica por una violación grupal
El Ayuntamiento de Pamplona, liderado por EH Bildu, ha anunciado la habilitación de viviendas municipales destinadas a los habitantes de asentamientos ilegales, justo cuando la ciudad se encuentra inmersa en una fuerte controversia tras la violación en grupo de una joven, presuntamente cometida por cuatro migrantes magrebíes procedentes de uno de estos asentamientos.
Viviendas municipales para okupas durante el invierno
Ante la llegada inminente de las bajas temperaturas, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha informado que el consistorio pondrá a disposición de personas que ocupan asentamientos clandestinos un total de 25 viviendas municipales recientemente reformadas. Estas plazas se sumarán a las ofrecidas por el albergue municipal, que ampliará su capacidad de 50 a 58 personas durante los episodios de frío intenso.
- 25 viviendas municipales reformadas disponibles este invierno
- El albergue municipal incrementará su capacidad en 8 plazas
- El objetivo es complementar los recursos existentes para personas en situación de vulnerabilidad
Estos asentamientos irregulares, que en su mayoría están habitados por inmigrantes, se han multiplicado en los últimos años en las periferias de Pamplona. La presencia de estos núcleos ha generado preocupación entre los vecinos, que denuncian un aumento de la inseguridad y de los delitos en las zonas colindantes.
Reacción municipal ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad
La violación grupal ocurrida recientemente ha intensificado el debate público sobre la gestión de la inmigración y la seguridad ciudadana. Txema Mauleón, concejal de Acción Social, ha explicado que los asentamientos ilegales existían desde antes de la llegada de EH Bildu al poder y ha señalado que el Ayuntamiento ha duplicado los recursos destinados a prevenir y evitar estas ocupaciones, así como reforzado la vigilancia en las áreas afectadas.
No obstante, Mauleón reconoció que se trata de «un problema que escapa a Pamplona» y que la cuestión está directamente vinculada a la inmigración. Por ello, ha solicitado un pacto de Estado similar al alcanzado para la gestión de menores no acompañados, que permita distribuir equitativamente los recursos y la responsabilidad a nivel nacional.
Compromiso con la inclusión y la seguridad
El concejal subrayó que «toda persona que comete un delito debe ser penada de igual manera, independientemente de su origen», y defendió la labor del consistorio en políticas de inclusión social y refuerzo de la seguridad. Sin embargo, admitió que los recursos municipales son limitados y que el fenómeno de los asentamientos ilegales y su impacto en la seguridad requieren de una respuesta coordinada y global.
La decisión del Ayuntamiento ha generado debate en la ciudad, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana ante el repunte de hechos delictivos y la gestión de la inmigración en Pamplona.
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