Ayuso reformó Ley de Hacienda para desviar fondos de residencias a la sanidad privada

Reforma de la Ley de Hacienda en Madrid permitió desviar fondos de residencias a la sanidad privatizada

El Gobierno regional de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, introdujo en los Presupuestos de 2022 una reforma en la Ley de Hacienda que abrió la puerta a transferir fondos no utilizados de organismos como la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) hacia el sistema sanitario, en particular para el pago de servicios en hospitales gestionados por empresas privadas.

Modificación legal en plena crisis tras la pandemia

La reforma fue incluida en la Ley de Presupuestos aprobada el 23 de diciembre de 2021, en un contexto en el que la Comunidad de Madrid aún afrontaba las consecuencias sanitarias y sociales derivadas de la pandemia de covid-19. Las residencias públicas de mayores, gestionadas por AMAS, se encontraban en el foco de atención por la insuficiencia de personal y la escasez de inversión.

A través de la introducción del artículo 67 bis, la Consejería de Hacienda adquirió la facultad de transferir a la Tesorería General de la Comunidad los excedentes de tesorería de todos los organismos autónomos, incluso aquellos que previamente estaban exentos por ley, como AMAS, la Agencia de Vivienda Social (AVS), el Consorcio Regional de Transportes y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fondos desviados hacia la sanidad privada

Desde la aprobación de la reforma, se han transferido más de 252 millones de euros de los fondos no utilizados por AMAS al Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Estos recursos se han destinado fundamentalmente al pago de facturas de hospitales gestionados bajo concesión administrativa, principalmente por los grupos privados Quirón y Ribera Salud.

• En 2022, la primera transferencia alcanzó los 191,23 millones de euros, utilizados para saldar facturas de actividad asistencial realizada en hospitales privados.
• En 2024, se produjo una nueva transferencia de 61,5 millones de euros, destinada a la Fundación Jiménez Díaz, referente del grupo Quirón, por la atención prestada a pacientes que optaron por la «libre elección» de centro sanitario.

La Consejería de Sanidad no ha detallado la distribución exacta de los fondos, ni si el grupo Ribera Salud también fue beneficiario de estas transferencias.

Justificación oficial y críticas políticas

El Ejecutivo madrileño justifica la reforma como una adaptación a las «nuevas necesidades de la gestión económico-presupuestaria» de la administración, argumentando que busca dotar de mayor agilidad al sistema. No obstante, desde la oposición se ha señalado que la modificación fue introducida de manera poco transparente y sin un debate adecuado en la Asamblea de Madrid, eliminando obligaciones de control y transparencia sobre el uso de recursos públicos.

Origen y evolución de los remanentes de AMAS

La Agencia Madrileña de Atención Social, sucesora desde 2015 del Servicio Regional de Bienestar Social, acumuló importantes remanentes de tesorería tras su reestructuración. Mientras que en 2014 y 2015 estos excedentes apenas superaban los 25 millones de euros, en 2016 se dispararon a 141 millones, alcanzando un máximo histórico de 210 millones en 2021.

Diversos informes de la Cámara de Cuentas recomendaron revisar las políticas presupuestarias para evitar la acumulación de recursos no ejecutados. Tras el cambio legal, estos fondos comenzaron a ser utilizados para cubrir pagos en la sanidad privatizada, reduciéndose los remanentes hasta los 62,5 millones en 2024.

Debate sobre la ejecución presupuestaria y el destino de los fondos

Según los datos de la Cámara de Cuentas, AMAS solo ejecutó el 39% de su presupuesto de inversiones en 2024 y el 40% en 2022, a pesar de contar con partidas históricamente elevadas. Sin embargo, la Consejería de Familia argumenta que los remanentes no se deben a falta de ejecución presupuestaria y asegura que el dinero destinado a atención de mayores se ejecuta casi en su totalidad.

La Comunidad de Madrid sostiene que invierte cerca de 2.000 millones de euros anuales en personas dependientes, mientras critica que el Gobierno central no financia el 50% de la dependencia, como marca la ley.

Desvío de fondos de otros organismos autónomos

El mecanismo habilitado por la reforma no se ha limitado a AMAS. En 2023, se transfirieron 155,88 millones de euros desde la Agencia de Vivienda Social, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Madrid 112 al Sermas, principalmente para la adquisición de medicamentos hospitalarios.

• En 2024, la Agencia de Vivienda Social aportó otros 10,68 millones de euros para el mismo fin.
• En dos años, las transferencias destinadas a la compra de fármacos alcanzaron los 166,56 millones de euros.

Cabe destacar que la Agencia de Vivienda Social ha cerrado los últimos ejercicios con remanentes de tesorería negativos, llegando a registrar un déficit de hasta 914,4 millones de euros en 2022.

Implicaciones y debate social

La reforma de la Ley de Hacienda en la Comunidad de Madrid ha generado un intenso debate sobre la gestión de fondos públicos y la priorización de recursos entre servicios sociales y sanidad, especialmente en lo relativo a la utilización de remanentes destinados originalmente a atención social para financiar la sanidad privatizada. La falta de transparencia y la justificación de situaciones «excepcionales» para el traspaso de fondos continúan siendo objeto de controversia en la región.