Anticorrupción detecta posibles delitos en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del PP en Alicante
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el juzgado número 5 de Alicante por la adjudicación de Viviendas Públicas Protegidas (VPP) en la playa de San Juan a miembros del Partido Popular (PP) y altos funcionarios, tras detectar indicios de delitos contra la administración pública. Según fuentes judiciales, la investigación se centra en posibles casos de negociaciones prohibidas y uso de información privilegiada en el proceso de asignación de estos inmuebles.
Investigación sobre la adjudicación de viviendas
La denuncia de la Fiscalía recoge las reclamaciones formuladas por el PSPV-PSOE, el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana. El Ministerio Público solicita al juzgado que verifique si los beneficiarios de las viviendas cumplían realmente con los criterios exigidos para acceder a estos pisos, que están destinados prioritariamente a familias en situación de vulnerabilidad.
Renuncias y reacción municipal
De los 140 adjudicatarios de las viviendas públicas en cuestión, dos han renunciado recientemente a los pisos, según anunció el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Actualmente, unas 5.400 familias permanecen en lista de espera para acceder a alguna de estas viviendas.
En una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Municipal, Barcala aclaró que los dos renunciantes no son cargos municipales ni figuras públicas. Asimismo, el alcalde explicó que no podía detallar los motivos de la renuncia para respetar la Ley de Protección de Datos, aunque sugirió que es posible que los beneficiarios no cumplieran las condiciones requeridas en el momento de la adjudicación, o que hayan interpretado incorrectamente los requisitos.
Dimisiones y llamamiento a la responsabilidad
El escándalo por la adjudicación irregular de las viviendas ha provocado la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y de una directora general municipal. El alcalde Barcala hizo un llamamiento público para que cualquier persona que haya obtenido una vivienda pública de forma indebida «lo subsane entregando la vivienda».
Barcala insistió en que el equipo de gobierno local está actuando «con contundencia, celeridad y máxima transparencia», reconociendo la preocupación social y el impacto que ha tenido este caso en la actividad política del ayuntamiento.
Contexto y próximos pasos
- La Fiscalía ha solicitado al juzgado que acredite el cumplimiento de los requisitos por parte de los adjudicatarios.
- El caso se suma a la creciente preocupación por la transparencia en la gestión de viviendas públicas destinadas a colectivos vulnerables.
- Se espera que la investigación judicial aclare si hubo actuaciones irregulares y depure las responsabilidades correspondientes.
Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos públicos, especialmente en sectores tan sensibles como la vivienda social.
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