La trama de hidrocarburos salpica a altos cargos del Gobierno y asesores de Armengol
Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado el alcance de la llamada “trama de hidrocarburos”, una investigación judicial sobre una presunta red criminal dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de los carburantes en España. El dossier, que ya apuntaba a la implicación de varios ministerios, incorpora ahora referencias a contactos con figuras de primer nivel político, como Félix Bolaños, Iván Redondo y un consejero del gobierno balear presidido por Francina Armengol.
Un complejo entramado para defraudar al fisco y obtener licencias
La investigación detalla que la organización operaba mediante un sofisticado entramado de empresas pantalla y mecanismos financieros para evadir impuestos —especialmente el IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos—, blanquear capitales y obtener ventajas ilícitas en la obtención de licencias. La UCO estima que el monto defraudado supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024, con parte de los beneficios desviados a cuentas bancarias en Portugal, China y Colombia.
- Empresas clave: Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.
- Supuestos cabecillas: Víctor de Aldama y Claudio Rivas
- Uso de testaferros para ocultar la identidad de los verdaderos dueños
La red habría destinado cerca de un millón de euros a sobornos y favores, incluyendo la cesión de un chalet al exministro José Luis Ábalos, con el objetivo de influir en decisiones de varios ministerios, entre ellos Transportes, Industria (dirigido por Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera).
Gestiones políticas y nuevas menciones de altos cargos
El informe más reciente de la UCO destaca la existencia de mensajes de Koldo García Izaguirre, exasesor ministerial, en los que menciona gestiones y llamadas a altos cargos como Félix Bolaños e Iván Redondo, ambos en la órbita de Presidencia del Gobierno durante los hechos investigados. Asimismo, se recoge la participación de Marc Pons, entonces jefe de Gabinete de Transición Ecológica en el ejecutivo balear, en el intercambio de documentación relacionada con la empresa Villafuel.
Según la documentación analizada, Víctor de Aldama contactó el 12 de marzo de 2021 con Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas, poco antes de que Villafuel S.L. presentara un escrito de alegaciones con documentación adicional para la obtención de la licencia de operador. La premura y el carácter apresurado de los documentos aportados han sido destacados por la UCO como posibles indicios de irregularidad.
El 5 de abril de 2021, durante una discusión motivada por la demora en la autorización, Koldo García sugirió a Aldama la posibilidad de facilitarle los teléfonos de Bolaños, Redondo y del jefe de Gabinete de Industria, evidenciando la presión ejercida para agilizar el proceso. Días después, se celebró una reunión en la que participaron, al menos, Koldo García, Víctor de Aldama y Claudio Rivas.
Conexiones con el caso Koldo y ampliación de la investigación
La causa principal se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, con la Fiscalía Anticorrupción solicitando ampliarla hasta 2026, ante la previsión de nuevas imputaciones a raíz del análisis de la documentación intervenida y las comunicaciones interceptadas. La trama de hidrocarburos se conecta, además, con otros procedimientos judiciales, como el denominado caso Koldo, en el que también aparecen implicados empresarios y altos cargos políticos.
Víctor de Aldama, uno de los principales investigados, ingresó en prisión por este caso y posteriormente colaboró aportando información sobre las redes de corrupción. La licencia de Villafuel —empresa clave en la trama— fue tramitada ante los ministerios de Industria y Transición Ecológica, con indicios de influencia directa de José Luis Ábalos y la intervención de otros altos cargos.
Detalles del proceso administrativo y presiones políticas
El informe de la UCO recoge que la documentación para la licencia de Villafuel fue registrada electrónicamente el 12 de marzo de 2021, aunque posteriormente se aportó al Ministerio de Transición Ecológica el día 15. El proceso administrativo ha sido objeto de análisis debido a la rapidez y a la posible falta de rigor en la confección de los documentos presentados.
El Tribunal Supremo ha subrayado que José Luis Ábalos, pese a su influencia, carecía de competencias directas para otorgar la licencia, responsabilidad que recaía exclusivamente en el Ministerio de Industria. Sin embargo, la intervención de Ábalos y de su entorno habría sido decisiva para agilizar y facilitar el proceso, a cambio de contraprestaciones económicas y favores personales.
Repercusiones políticas y nuevas líneas de investigación
La UCO señala que tanto Bolaños como Redondo ocupaban cargos de relevancia en la Presidencia del Gobierno en el momento de los hechos, lo que agrava la dimensión política del caso. Además, la investigación apunta la existencia de gestiones similares en el marco del rescate de Air Europa, en el que la trama habría influido para obtener aportaciones financieras públicas con la mayor celeridad posible.
A medida que la investigación avanza y se amplía el análisis de las pruebas, la trama de hidrocarburos revela una red de contactos y favores entre empresarios y altos cargos públicos, alimentando el debate sobre la integridad de los procesos de concesión de licencias en sectores estratégicos y la necesidad de reforzar los controles institucionales frente a la corrupción.
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