El Ayuntamiento de Alacant detecta vínculos entre beneficiarios de viviendas públicas y empleados municipales
El Ayuntamiento de Alacant ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial tras detectar la existencia de vínculos familiares y personales entre algunos beneficiarios de viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan y empleados o cargos municipales que participaron en fases clave del expediente de enajenación de la parcela. La investigación interna, impulsada por el alcalde Luis Barcala, señala que aunque todos los adjudicatarios cumplen los requisitos legales, se han identificado posibles conflictos de interés y dudas sobre el cumplimiento del deber de abstención por parte de ciertos funcionarios.
Adjudicación de las viviendas y proceso de supervisión
Según la denuncia, el Ayuntamiento adjudicó mediante licitación pública la enajenación del suelo municipal a la cooperativa Residencial Les Naus para la construcción de 140 viviendas protegidas de promoción privada. La intervención municipal se limitó a las fases urbanísticas y administrativas del contrato, sin participar en la selección de los adjudicatarios, proceso gestionado íntegramente por la cooperativa y supervisado por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana.
Una vez finalizada la construcción, la cooperativa remitió al Ayuntamiento la certificación de adjudicación de las viviendas, incluyendo un listado completo de los inmuebles y la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los adjudicatarios. Fue en la revisión de este listado donde el Servicio de Gestión Patrimonial detectó la existencia de vínculos personales entre algunos adjudicatarios y personal municipal.
Hallazgos y posibles conflictos de interés
El informe del Servicio de Gestión Patrimonial advierte sobre posibles conflictos de interés, ya que se constató que empleados municipales, que intervinieron en la gestión del contrato, resultaron adjudicatarios directos o indirectos de viviendas protegidas. El informe señala la posibilidad de un incumplimiento de las condiciones legales de acceso, ya sea por no cumplirlas o por omitir información relevante sobre la situación económica o personal de los beneficiarios.
Entre los casos concretos se menciona la participación de un arquitecto municipal que asesoró y dio seguimiento al contrato durante su ejecución, sin informar sobre su interés personal en la promoción ni abstenerse en el proceso, lo que podría suponer una infracción según la Ley 40/2015.
Resultados de la investigación interna
El expediente de averiguación de hechos encargado por el alcalde concluye que no procede exigir responsabilidad disciplinaria a los empleados o autoridades investigados, al no haberse acreditado infracción efectiva de sus deberes funcionales según la normativa de función pública. En los tres casos analizados —la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, la exdirectora general María Pérez-Hickman y el arquitecto municipal— no se detectaron intervenciones formales ni decisorias en los procedimientos relacionados con el contrato de venta del suelo.
La investigación interna se centró únicamente en la participación de funcionarios municipales en la venta del terreno, sin intervenir en el proceso de adjudicación de las viviendas a los cooperativistas, competencia exclusiva de la cooperativa y la Conselleria de Vivienda.
Limitaciones y preocupaciones del Ayuntamiento
El Ayuntamiento subraya que carece de competencias para supervisar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las viviendas protegidas por parte de los adquirentes. Sin embargo, ante la aparición de nuevas informaciones en medios de comunicación sobre posibles irregularidades, el consistorio reconoce que persisten incógnitas no esclarecidas en la investigación interna, especialmente en lo relativo a posibles influencias o intervenciones no documentadas que pudieran haber favorecido la adjudicación a empleados municipales o sus allegados.
La denuncia también recoge que el arquitecto municipal implicado continuó prestando apoyo técnico y participó activamente en la gestión del contrato hasta 2024, sin que conste que advirtiera sobre su interés personal.
Actuaciones paralelas de la Generalitat
El caso ha cobrado mayor relevancia después de que la Generalitat suspendiera de empleo y sueldo a un funcionario por su relación con una solicitante adjudicataria de una vivienda protegida, quien además es funcionaria del Ayuntamiento de Alacant. Se sospecha que pudo omitir información relevante sobre su unidad de convivencia en el proceso de adjudicación.
Conclusiones
- El Ayuntamiento de Alacant ha detectado posibles conflictos de interés en la adjudicación de viviendas públicas a empleados municipales y sus familiares.
- La investigación interna descarta la intervención formal de estos empleados en la venta del suelo, pero persisten dudas sobre posibles influencias en el proceso de adjudicación.
- El consistorio ha trasladado el caso a la Fiscalía y a la Conselleria de Vivienda, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se determinen posibles responsabilidades.
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