Denuncian falta de neutralidad del decano Eugenio Ribón en el caso contra el fiscal general
La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) ha emitido un comunicado en el que critica duramente la actuación del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), presidido por Eugenio Ribón, en el proceso judicial que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La organización denuncia que el ICAM se ha posicionado «de forma jurídicamente innecesaria» en la causa, adoptando una postura alineada con la defensa de los intereses del entorno de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Acusaciones de parcialidad en la actuación del ICAM
La crítica por parte de la ALA se centra en la falta de neutralidad de la Junta del ICAM y en el papel desempeñado por Ribón, quien, según el comunicado, ha mostrado una «inusitada celeridad en la respuesta» y un «despliegue sin precedentes de acciones legales» tras la filtración de un correo relacionado con la confesión del novio de Ayuso. La propia Fiscalía General del Estado había desmentido, mediante una nota de prensa el pasado 14 de marzo, los rumores que atribuían a la Fiscalía la propuesta de un pacto con la pareja de Ayuso, supuestamente rechazado por «órdenes superiores». Sin embargo, el ICAM reaccionó rápidamente, denunciando una presunta filtración por parte del Ministerio Público.
Personación como acusación popular y solicitud de condena
El ICAM decidió personarse como acusación popular en la causa, solicitando una condena de cuatro años de prisión para el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Según la ALA, el decano Ribón ha asumido un «protagonismo desmedido y sobreactuado», reclamando actuar no solo en nombre de la abogacía madrileña, sino «en nombre de la sociedad en su conjunto». La asociación considera que esta postura pretende difundir la idea errónea de que la actuación procesal del ICAM representa a toda la sociedad.
Además, la ALA denuncia que el Colegio ha seguido la línea de defensa de los intereses de Gonzalo González Amador, pareja de Ayuso, afirmando en su escrito de acusación que las actuaciones de la Fiscalía le habrían ocasionado «perjuicios reputacionales de índole social y económica», sin aportar pruebas que sustenten tales afirmaciones. Asimismo, señalan que el ICAM ha mencionado la existencia de responsabilidad civil a favor de González Amador, aspecto que, según la ALA, no corresponde abordar a una acusación popular.
Críticas por señalar una supuesta “conexión Moncloa”
El comunicado de la ALA también cuestiona que el ICAM aluda a una presunta «conexión Moncloa», insinuando la implicación de la Presidencia del Gobierno en la filtración objeto de la causa. Sin embargo, esta cuestión ha quedado fuera del proceso judicial, según recuerda la asociación.
Acusación de uso político de la institución colegial
ALA reprocha al ICAM un «uso político» de la institución colegial, orientando su actuación a la defensa de los intereses de González Amador y, de forma indirecta, de personas vinculadas a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Todo ello, denuncian, se presenta bajo la apariencia de una defensa de los derechos a la confidencialidad en las comunicaciones entre la Fiscalía y la defensa, pero aplicando una “doble vara de medir” según la fuente de la supuesta vulneración.
- ALA insiste en la necesidad de que el ICAM mantenga la neutralidad institucional como garante del interés general de la abogacía y la sociedad.
- Rechazan la utilización de la institución para estrategias procesales que, a su juicio, responden a intereses particulares.
El debate en torno al papel del ICAM en este proceso pone de manifiesto la tensión existente en el sector jurídico sobre el alcance de la representación institucional y la importancia de preservar la independencia y la neutralidad en situaciones de especial sensibilidad pública y política.
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