Absuelven a los 16 acusados por el presunto amaño en el concurso de la mina de Aznalcóllar
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a los 16 imputados, entre ellos funcionarios y técnicos de la Administración andaluza, que estaban siendo juzgados por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la explotación minera de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla.
El fallo se ha producido tras un extenso proceso judicial que incluyó 36 sesiones celebradas entre marzo y julio de este año. Según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no existen indicios que respalden los delitos imputados, señalando que la acusación era “infundada”.
Delitos desestimados y pronunciamiento del tribunal
En la sentencia, que fue notificada este viernes a las partes, el tribunal absuelve a los acusados de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y medioambiental, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Además, la resolución condena al pago de las costas procesales a las tres acusaciones personadas en la causa: Emerita Resources, Ecologistas en Acción y Andalucía Mining. El tribunal ha criticado duramente la “injusticia y sinrazón” de su postura, así como el “perjuicio moral y económico” ocasionado a los investigados.
Acusados y contexto del proceso
Entre los 16 procesados se encontraban principalmente funcionarios de la Junta de Andalucía y técnicos que participaron en la mesa de contratación y la comisión técnica del proceso de adjudicación. Destacan figuras como Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno.
La causa judicial se inició en febrero de 2015 tras la denuncia presentada por Emerita Resources España, una de las empresas aspirantes al concurso, que denunció supuestas irregularidades durante la tramitación y adjudicación del expediente.
Argumentos de las acusaciones y conclusiones judiciales
Las acusaciones centraron su argumentación en la supuesta influencia ejercida por Vicente Fernández, entonces secretario general de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sobre la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, y sobre los miembros de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica. También pusieron el foco en la relación de los hermanos López Magdaleno, responsables de Magtel —matriz de Minorbis—, con Vicente Cecilio F.G., debido a los intereses empresariales vinculados con la Consejería y la propia mina de Aznalcóllar.
No obstante, el tribunal ha destacado la «imparcialidad y profesionalidad» demostrada por los integrantes de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica. Según la sentencia, los miembros ofrecieron explicaciones razonadas desde el inicio de la investigación, tanto en el ámbito policial como judicial, sobre su labor en el análisis de los proyectos y la evaluación de los criterios de puntuación.
El fallo subraya además que “ninguna prueba practicada en las actuaciones permite evidenciar dicha influencia respecto de los miembros de la Mesa y Comisión, ni una relación connivente para favorecer a la oferta Minorbis-Grupo México”. El análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyó la revisión de más de 124.000 correos electrónicos y documentos relacionados con los acusados, sin hallar indicios de irregularidades.
Revisión de las pruebas clave
El tribunal también ha señalado que la principal prueba esgrimida por las acusaciones, relativa a una reunión supuestamente celebrada en abril de 2014 en la sede de Emerita en Sevilla, no resulta concluyente ni convincente.
En su resolución, los magistrados insisten en que “no existe prueba alguna que permita apreciar la existencia de un concierto” entre los acusados para apropiarse de la reserva minera ni se observa “desviación alguna” en la actuación de los funcionarios que componían la Mesa y la Comisión Técnica.
Posibilidad de recurso
Contra esta sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla cabe la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que el proceso podría continuar en instancias superiores.
- El juicio se celebró entre marzo y julio de 2025.
- La Fiscalía solicitó la absolución de todos los acusados.
- La denuncia inicial fue presentada en 2015 por Emerita Resources España.
- La Audiencia ha criticado el daño moral y económico sufrido por los imputados.
La absolución de los funcionarios y empresarios implicados en el proceso supone el cierre momentáneo de uno de los procedimientos judiciales más relevantes relacionados con la minería en Andalucía en la última década.
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