El Gobierno aprueba nueva moratoria antidesahucios tras pacto con Sumar

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El Gobierno incluye la moratoria antidesahucios en el nuevo decreto social tras acuerdo con Sumar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reestructuración del Real Decreto-ley que la semana pasada fue rechazado en el Congreso por los partidos de la derecha. El nuevo enfoque divide el texto en dos decretos diferenciados: uno centrado en la revalorización de las pensiones y otro que agrupa las medidas sociales más relevantes, entre ellas la esperada moratoria antidesahucios.

Separación de las medidas: pensiones y políticas sociales

Por un lado, la revalorización de las pensiones volverá a tramitarse en el Congreso de forma independiente, con el objetivo de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha destacado que esta medida beneficiará a 13 millones de prestaciones y pensiones del sistema público, estableciendo un aumento general del 2,7% hasta finales de 2026, lo que se traduce en unos 50 euros más al mes para los beneficiarios.

  • Las pensiones mínimas aumentarán un 7%.
  • Las pensiones no contributivas crecerán un 11,35%.
  • Incluye mejoras en la jubilación de bomberos y agentes forestales.
  • Exime a los beneficiarios del desempleo de presentar la declaración del IRPF.

Estas modificaciones buscan reforzar la protección de los perceptores más vulnerables y mejorar las condiciones de quienes dependen del sistema público de protección social.

La moratoria antidesahucios, eje de la negociación política

En el segundo decreto se han agrupado las medidas de mayor impacto social, entre ellas la moratoria antidesahucios, una de las principales demandas de Sumar y motivo de controversia en el Congreso. Los partidos de la derecha, especialmente Junts, argumentaron que esta medida «promueve la okupación», mientras que el Gobierno sostiene que es esencial para proteger a las familias más vulnerables.

El Ejecutivo ha mostrado disposición al diálogo para alcanzar los consensos necesarios. Fruto de estas negociaciones, el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) han acordado una nueva redacción sobre la protección frente a los desahucios, introduciendo dos cambios clave:

  • Los propietarios de una o dos viviendas no se verán afectados por la moratoria, y serán los servicios sociales municipales y autonómicos quienes busquen alternativas habitacionales de emergencia para las familias afectadas.
  • En el caso de propietarios con tres o más viviendas, el desahucio seguirá paralizado siempre que exista un contrato previo y el propietario no sea considerado vulnerable.

Estas modificaciones han generado críticas entre algunos aliados parlamentarios del Gobierno, que consideran que se debilita la protección a las familias frente a los desahucios. Se anticipa así una negociación intensa durante los próximos días en el Parlamento.

Otras medidas sociales y energéticas incluidas en el decreto

El nuevo decreto social no solo aborda la moratoria antidesahucios. También incluye la prórroga del bono social energético y medidas para proteger a las familias vulnerables de cortes en el suministro de agua, electricidad o gas. Estas protecciones se mantendrán hasta diciembre de 2026, a la espera de una nueva votación parlamentaria.

En el ámbito laboral, el decreto extiende la prohibición de despidos para empresas que reciban ayudas públicas, una medida heredada de la crisis derivada de la pandemia.

Nuevas medidas fiscales y ayudas extraordinarias

El paquete aprobado incorpora cerca de una decena de medidas tributarias, entre las que destacan:

  • Ayudas directas a las víctimas de la DANA.
  • Incentivos fiscales como indemnización por daños personales para afectados por incendios forestales.
  • Rebajas fiscales para compradores de vehículos eléctricos.
  • Deducciones para propietarios que realicen obras de mejora de la eficiencia energética en sus viviendas.

Conclusión

La reestructuración de los decretos responde a la necesidad de lograr mayorías parlamentarias y sacar adelante un paquete urgente de medidas sociales, económicas y fiscales. El Gobierno busca así proteger a los colectivos más vulnerables mientras negocia con los diferentes grupos políticos para garantizar la aprobación final de ambas normas.

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