La Fiscalía de Andalucía exonera a altos cargos de la Junta en el caso de los cribados de cáncer de mama
La Fiscalía Superior de Andalucía ha decidido archivar las denuncias presentadas contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el conocido caso de los cribados de cáncer de mama, al no hallar indicios de delito en su actuación. Paralelamente, el Ministerio Público ha remitido a seis fiscalías provinciales la investigación de dieciséis casos particulares para su análisis individualizado.
Archivo de las denuncias contra altos cargos
Tras la práctica de diligencias preprocesales, la Fiscalía ha determinado que en el estado actual de los hechos «no existen indicios de delito» en la actuación de los responsables. Entre las personas exoneradas figuran los tres últimos exconsejeros de Salud —Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández— así como otros dos altos cargos. Las denuncias, presentadas por partidos como Izquierda Unida y Adelante Andalucía, así como por asociaciones de pacientes, señalaban presuntos incumplimientos en la atención sanitaria de los programas de detección precoz de cáncer de mama.
El decreto de archivo señala que, hasta el momento, las actuaciones de los responsables no presentan conductas delictivas, motivo por el cual se ha procedido al cierre de estas diligencias en lo que respecta a los altos cargos de la Junta.
Investigación provincial de casos individuales
En paralelo al archivo de las denuncias contra los responsables políticos, la Fiscalía ha decidido remitir a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería las investigaciones relativas a dieciséis mujeres que presentaron denuncias con casos particulares. Cada caso será analizado de forma individual y separada, ya que no presentan las mismas circunstancias ni un patrón unificador que permita una investigación conjunta.
El criterio adoptado por la Fiscalía tiene como objetivo que las pruebas se practiquen en el lugar más próximo al entorno de las denunciantes, facilitando así el proceso y minimizando posibles perjuicios a las víctimas. Asimismo, se busca determinar si los hechos denunciados pudieran revestir carácter delictivo y, en su caso, identificar a los responsables concretos de cada situación.
Motivos de la investigación y límites señalados por la Fiscalía
Según la información facilitada por la Fiscalía, los hechos objeto de denuncia aluden a posibles errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama. Entre las principales cuestiones detectadas se encuentran la ausencia de seguimiento en casos catalogados como no concluyentes o dudosos, la falta de comunicación de resultados, la carencia de atención médica adecuada en atención primaria y la dificultad para identificar a algunas víctimas por la ausencia de datos personales en los registros del sistema sanitario.
El Ministerio Público remarca que no existe un patrón común que permita vincular todos estos casos a una responsabilidad generalizada, por lo que cada denuncia debe ser valorada de forma individual atendiendo a sus circunstancias específicas.
- Errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama.
- Falta de seguimiento en casos no concluyentes.
- Ausencia de comunicación de resultados a las pacientes.
- Dificultad para identificar a víctimas por carencia de datos personales.
- Casos gestionados tanto en sanidad pública como privada.
Consideraciones sobre la protección de la intimidad
El decreto emitido por la Fiscalía también advierte que algunas denuncias presentadas carecen de concreción y se limitan a exponer manifestaciones generales sobre las deficiencias en el protocolo de cribado. Además, el Ministerio Público subraya la importancia de respetar el derecho a la intimidad de las mujeres que han decidido no someter sus casos a la investigación penal, restringiéndolos únicamente al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.
Con estas decisiones, la Fiscalía de Andalucía busca compatibilizar la protección de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos, a la vez que se garantiza el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.
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