El Gobierno español prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una serie de medidas que marcarán un antes y un después en la regulación de las plataformas digitales en España. Entre ellas destaca la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, así como un refuerzo en la responsabilidad legal de los directivos de estas compañías. El anuncio se realizó en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, donde participaron líderes de más de treinta países.
Medidas para proteger a menores y reforzar el control digital
Según explicó Sánchez, el propósito de estas medidas es transformar las plataformas digitales en un entorno más saludable y seguro para los usuarios, especialmente para los más jóvenes. El Gobierno tiene previsto aprobar la próxima semana un paquete normativo que obligará a las redes sociales a implementar barreras y controles efectivos que impidan el acceso de menores de 16 años.
Las plataformas estarán obligadas a desarrollar sistemas de verificación robustos para evitar que los menores puedan registrarse o interactuar en sus servicios. Asimismo, se exigirá a las empresas tecnológicas que asuman una responsabilidad legal directa sobre las infracciones que se produzcan en sus plataformas, terminando así con la impunidad de la que, según el Ejecutivo, han gozado hasta ahora.
Responsabilidad penal y nuevas tipificaciones
Entre las iniciativas que se pondrán en marcha, se encuentra la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal a través de las redes sociales. El Gobierno colaborará estrechamente con la Fiscalía para investigar posibles infracciones cometidas en plataformas como Grok, TikTok e Instagram.
En palabras de Pedro Sánchez, las redes sociales han llegado a convertirse en “un Estado fallido, donde se ignoran las leyes, se toleran los delitos y la desinformación vale más que la verdad”. El presidente subrayó que aproximadamente la mitad de los usuarios sufren ataques de odio, lo que hace imprescindible una acción contundente.
Creación de sistemas de rastreo y coalición internacional
Otra de las medidas anunciadas es la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que el mandatario denominó “una huella de odio y polarización”. Esta herramienta buscará identificar y medir el impacto de los discursos de odio y la desinformación en el entorno digital.
España también formará parte de la Coalición de los Dispuestos Digitales, junto a otros cinco países europeos. Esta alianza tiene como objetivo coordinar esfuerzos y avanzar en la implementación de una regulación más estricta y eficaz para las plataformas sociales. La primera reunión de esta coalición está prevista para los próximos días.
Antecedentes y ejemplos de malas prácticas
Durante su intervención, Sánchez recordó varios casos recientes que han puesto en entredicho la responsabilidad de las grandes tecnológicas:
- TikTok ha sido acusada de permitir la difusión de materiales de pornografía infantil generados por inteligencia artificial.
- Instagram ha sido señalada por espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo.
- Facebook ha servido como plataforma para campañas masivas de desinformación e interferencia extranjera en procesos electorales.
El presidente también criticó al propietario de X (anteriormente Twitter), Elon Musk, por haber difundido desinformación acerca de la reciente decisión del Gobierno español de regularizar a medio millón de inmigrantes.
Compromiso con la soberanía digital y tolerancia cero
Pedro Sánchez hizo hincapié en la necesidad de “recuperar el control” sobre el espacio digital y garantizar que las plataformas cumplan con las normativas igual que cualquier otro sector. Reconoció que la tarea no será sencilla debido al enorme poder económico y de influencia que ostentan estas empresas, pero aseguró que España mantendrá una actitud de “tolerancia cero” y defenderá su soberanía digital con firmeza.
Estas medidas suponen un paso decisivo en la protección de los menores en internet y en la lucha contra la desinformación y los delitos digitales, situando a España en la vanguardia de la regulación tecnológica en Europa.
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