El juez del ‘caso Leire’ excluye a García Castellón y Aldama de la causa por no considerarlos perjudicados
El titular del Juzgado encargado de investigar el denominado ‘caso Leire’ ha decidido apartar como acusaciones particulares al magistrado jubilado Manuel García Castellón y al empresario Víctor de Aldama, conocido por su implicación en el caso Koldo. El juez considera que ninguno de los dos puede ser considerado perjudicado directo por las supuestas actuaciones de la exmilitante socialista Leire Díez.
Oportunidad para ejercer la acusación popular
En un auto reciente, el magistrado Arturo Zamarriego señala que, si García Castellón o Aldama consideran haber sido realmente víctimas de los hechos investigados, pueden presentar una querella individual que permita la apertura de diligencias específicas para esclarecer su situación. Además, el juez les ofrece la opción de personarse en el proceso como acusación popular, una vía legal alternativa en la que se actúa en defensa del interés general y no de un perjuicio personal.
De víctimas a excluidos
Ambos solicitantes habían sido admitidos en noviembre de 2025 como acusaciones particulares, tras alegar posibles daños derivados de las acciones de Leire Díez. En ese momento, el juzgado consideró que podían ser considerados víctimas o perjudicados en el marco de la investigación. El caso se centra en determinar si Díez encabezó una trama coordinada para obtener información confidencial de altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, con el supuesto propósito de obstaculizar investigaciones que afectan a figuras políticas y empresariales relevantes.
Argumentos del auto judicial
- Víctor de Aldama: La representación del empresario alegó que este habría sido víctima de un delito de revelación de secretos. Sin embargo, el juez precisa que los hechos denunciados no guardan relación directa con los delitos que motivaron la apertura de la causa principal, centrada en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
- Manuel García Castellón: En el caso del magistrado jubilado, el auto señala que su escrito no concreta ningún hecho específico que avale su condición de perjudicado. Las acusaciones se basan en informaciones periodísticas y en la supuesta difusión de datos falsos por parte de Díez, que habrían dañado el honor y la imagen pública de García Castellón. El juez aclara que, si existiera relevancia penal en estos hechos, se trataría de un posible delito de injurias, ajeno al objeto principal de la causa.
Otros avances en la instrucción
Por otra parte, el magistrado Arturo Zamarriego ha estimado el recurso presentado por la defensa de Leire Díez y ha rechazado la inhibición promovida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Badajoz. En consecuencia, las actuaciones regresan a este juzgado, al considerar Zamarriego que no es competente para continuar con la investigación.
Cabe recordar que la querella fue presentada por la organización Hazte Oír, que acusó a Leire Díez y al exjuez Luis Sáez de Tejada de los delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. En su escrito, Hazte Oír señalaba que ambos habrían intentado sabotear una causa contra el hermano del presidente Pedro Sánchez, además de mostrar un «interés obsesivo» por apartar a la jueza Beatriz Biedma del caso.
Contexto y próximas actuaciones
La decisión del juez de excluir a García Castellón y Aldama como partes perjudicadas puede marcar un giro en la investigación, centrándola en los delitos que motivaron su apertura y delimitando la participación de nuevos actores a través de la acusación popular o mediante querellas independientes.
El ‘caso Leire’ continúa siendo uno de los focos de atención judicial y mediática, en una trama en la que confluyen intereses políticos, empresariales y judiciales de alto perfil.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
