Indignación social ante Junts por su rechazo al escudo social: protestas en Barcelona por el fin de la moratoria de desahucios
Más de un centenar de personas se congregaron este miércoles frente a la sede de Junts per Catalunya en Barcelona para manifestar su indignación tras la votación en contra del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados. Esta decisión parlamentaria implica la no prórroga de la moratoria que protegía a personas vulnerables ante posibles desahucios, generando un amplio malestar entre entidades sociales y sindicatos de vivienda.
Protesta multitudinaria pese a las dificultades
La movilización, que tuvo lugar en la calle Marina y contó con la participación de sindicatos como el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. Dos cordones policiales y vallas bloquearon el acceso al passatge Bofill, próximo a la Sagrada Familia, donde se ubica la sede de Junts. La formación política, liderada por Carles Puigdemont, optó por enviar a sus trabajadores a casa a primera hora de la tarde para evitar posibles incidentes.
La protesta se centró en la caída del decreto que, hasta ahora, había evitado el desahucio de más de 60.000 personas en todo el país, unas 14.000 solo en Cataluña. La normativa, vigente durante los últimos años, prohibía de forma temporal los desalojos de personas en situación vulnerable. Sin embargo, con la reciente derrota parlamentaria, miles de familias quedan desprotegidas ante la amenaza de perder su vivienda.
Reclamos y diversidad en la movilización
Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, subrayó que la responsabilidad no recae únicamente en Junts, sino en todo el arco parlamentario, al considerar que “ningún partido se atreve a intervenir directamente en el negocio de la vivienda”. Bermúdez defendió la necesidad de intervenir el mercado para garantizar el acceso a la vivienda.
La concentración reunió a una amplia diversidad de participantes, incluyendo personas migrantes, pensionistas y, mayoritariamente, jóvenes. Durante más de una hora, se escucharon consignas como “Junts, traidores” y “Míriam Nogueras desahucia inquilinas”, además de acusaciones contra la formación de actuar como portavoz de la patronal inmobiliaria. El descontento también alcanzó al PP y al PSOE, que recibieron abucheos por su papel en la tramitación del decreto.
Exigencias de los sindicatos de vivienda
El Sindicat de Llogateres reclamó la recuperación inmediata de la moratoria antidesahucios para proteger a la población más vulnerable. “No tiene sentido votar en contra de la gran mayoría y pretender que no haya respuesta social”, afirmó Txema Escorsa, uno de los portavoces del sindicato. Entre las demandas destacadas también se encuentra la prórroga automática de los contratos de alquiler que expiran este año, cifra que supera los 500.000 en todo el Estado.
- Recuperación de la moratoria de desahucios.
- Prórroga automática de contratos de alquiler que vencen en 2026.
- Intervención del mercado para facilitar el acceso a la vivienda.
Preocupación por la pobreza energética
La Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) también participó en la concentración, alertando sobre la grave situación de muchas familias ante el encarecimiento de la energía y la llegada del invierno. Según la organización, miles de hogares podrían verse aún más afectados por la combinación de altos precios energéticos y la pérdida de protección frente a los desahucios.
Tensión creciente en el debate parlamentario
La protesta marca un aumento de la presión del Sindicat de Llogateres hacia Junts per Catalunya, aunque la entidad mantiene su voluntad de diálogo de cara a la próxima ley de regulación del precio del alquiler, que está siendo debatida en el Congreso y se votará en febrero. El sindicato lleva semanas intensificando su campaña mediática para influir en la postura de Junts, cuya abstención podría ser clave para aprobar la nueva normativa, especialmente tras la reciente renuncia al acta de diputado de José Luis Ábalos.
La movilización de este miércoles pone de manifiesto el creciente clima de tensión social y política en torno al derecho a la vivienda y la protección de los colectivos más vulnerables, en un contexto marcado por la incertidumbre legislativa y el encarecimiento del coste de vida.
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