Segundo juicio a Francisco Granados por contratos amañados en fiestas municipales del PP en Madrid
La Audiencia Nacional inicia este lunes el segundo juicio contra Francisco Granados, exconsejero y ex secretario general del Partido Popular de Madrid, por su presunta implicación en la adjudicación irregular de contratos públicos para la organización de festejos municipales. La Fiscalía solicita para él seis años de prisión por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.
Una trama de corrupción con ramificaciones en varios municipios
Este nuevo juicio corresponde a la conocida como pieza 7 del caso Púnica, centrada en la contratación de la empresa Waiter Music y otras sociedades vinculadas a José Luis Huerta, fallecido en 2020. La investigación afecta a otros trece acusados, entre ellos siete exalcaldes del PP de diferentes municipios madrileños, así como al exsenador y exdiputado regional David Erguido.
La operación Púnica estalló en octubre de 2014 con la detención de Granados y más de 50 personas, incluyendo numerosos cargos públicos del PP. El caso se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción y derivó en una compleja instrucción que obligó a dividir la causa en doce piezas separadas. El caso Púnica ha destapado la existencia de una presunta «caja B» en el PP madrileño durante la etapa de Esperanza Aguirre, quien, pese a la implicación de varios colaboradores cercanos, no ha sido juzgada.
El modus operandi de la adjudicación de contratos
Según la investigación, entre 2004 y 2013, diversos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular –incluyendo Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio– adjudicaron de forma continuada contratos para la organización de fiestas a Waiter Music y otras empresas controladas por Huerta. Muchas de estas adjudicaciones, según la Fiscalía, fueron amañadas a través de expedientes administrativos predeterminados para favorecer a dichas empresas.
- Valdemoro: 8.963.748 euros facturados entre 2004 y 2013.
- Ciempozuelos: 1.247.644 euros facturados entre 2007 y 2012.
- Móstoles: 2.356.398 euros facturados.
- Algete: 1.945.946 euros facturados.
- Moraleja de Enmedio: 535.745 euros facturados.
La Fiscalía sostiene que la relación comercial entre las empresas de Huerta y los ayuntamientos no solo respondía a la prestación de servicios para fiestas locales, sino que también incluía beneficios particulares para políticos y funcionarios, como regalos y la organización de actos para el partido que nunca eran facturados oficialmente.
La implicación de Francisco Granados y otros acusados
Francisco Granados, que ya fue condenado a dos años de prisión por haber alertado a otros investigados de la trama Púnica, es el principal acusado de esta pieza. La Fiscalía Anticorrupción considera que utilizó su posición de poder como consejero de la Comunidad de Madrid para beneficiar a las empresas de Huerta en la adjudicación de contratos, a cambio de favores y contraprestaciones.
Junto a Granados, serán juzgados otros responsables políticos, entre ellos los exalcaldes José Carlos Boza y José Miguel Moreno (Valdemoro), Esteban Parro y Daniel Ortiz (Móstoles), María Ángeles Herrera (Ciempozuelos) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio). Todos ellos están acusados de facilitar la contratación irregular de Waiter Music y otras sociedades amigas, en ocasiones mediante el fraccionamiento ilegal de contratos y la emisión de facturas falsas o infladas.
La operativa de Waiter Music y las empresas vinculadas
Waiter Music, fundada en 2003 por José Luis Huerta, se especializó casi en exclusiva en la organización de fiestas municipales y eventos para entidades públicas. Además de trabajar con ayuntamientos, también facturó a empresas constructoras y organismos públicos como Metro de Madrid. Según la instrucción judicial, la empresa era utilizada para canalizar pagos ocultos y sobrecostes, encubriendo así la financiación de actividades políticas y personales de los implicados.
- Facturación a Metro de Madrid y grandes constructoras: 571.311 euros.
- Pagos directos a Francisco Granados: 6.992 euros en 2003.
Además, otras sociedades como Saranais, controladas por la familia Huerta, participaban en procedimientos ficticios de concurrencia, facilitando la adquisición de propiedades y la ocultación de fondos.
El papel de Granados en el entramado
La Fiscalía subraya que la influencia de Granados fue determinante en la continuidad de las contrataciones, incluso después de dejar la alcaldía de Valdemoro para ocupar cargos en el Gobierno regional. Su posición le permitía influir en otras autoridades y funcionarios, favoreciendo a Huerta y sus empresas a cambio de beneficios personales y políticos.
El juicio por esta pieza del caso Púnica se prolongará hasta el 5 de marzo y se espera que arroje luz sobre la presunta red de corrupción que, durante una década, habría desviado fondos públicos mediante la manipulación de contratos en beneficio de una red de políticos y empresarios afines.
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