Sumar impulsa el debate sobre la prórroga de los contratos de alquiler en el Congreso
El grupo parlamentario Sumar ha registrado este viernes una Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados para exigir la aprobación urgente de una prórroga automática de los más de 630.000 contratos de alquiler que vencen en 2026. La medida busca responder a lo que definen como una «emergencia residencial» y aumentar la presión sobre el Ministerio de Vivienda, encabezado por la socialista Isabel Rodríguez.
Una prórroga clave para proteger a las familias
La iniciativa, defendida por Alberto Ibáñez, portavoz de vivienda de Sumar y diputado de Compromís, subraya la importancia de la prórroga para evitar «mayor dolor, desigualdad y la vulneración del derecho constitucional a la vivienda». Según el documento presentado, alrededor de un millón y medio de familias españolas, muchas con contratos heredados de la pandemia, podrían enfrentarse a incrementos en sus alquileres superiores al 40% si no se renueva la protección actual.
Sumar recalca que no se trata de una medida inédita. En los últimos cinco años, la prórroga automática de contratos de alquiler se ha aprobado en ocho ocasiones sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en contra, rebatiendo así las acusaciones de «inconstitucionalidad» que esgrime el Partido Socialista.
Constitución y deberes públicos: el choque legal
Desde Sumar, advierten que no apoyar esta prórroga sería incumplir varios preceptos constitucionales. Entre ellos, el artículo 33.2, que subordina la propiedad privada a su función social; el artículo 47, que obliga a los poderes públicos a promover el acceso a la vivienda y combatir la especulación; el artículo 128, que establece la subordinación de la riqueza nacional al interés general; y el artículo 131, que orienta la planificación económica al reparto equitativo de la riqueza.
El grupo también recuerda, tal como ya hizo Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, que la Ley de Arrendamientos Urbanos y la legislación civil son competencia exclusiva de la Administración General del Estado. Por ello, consideran que la propuesta es «completamente ajustada a Derecho, respetuosa con el marco competencial, proporcional y de urgente necesidad».
Desigualdad y presión económica: datos preocupantes
La PNL presentada por Sumar contextualiza la medida con datos recientes sobre la brecha económica entre propietarios e inquilinos. Según cifras de Consumo, los caseros ganan, de media, un 82% más que sus arrendatarios. El caso del País Valencià es especialmente llamativo, con una diferencia del 124%. En esta comunidad, 63.000 contratos de alquiler caducan en 2026, afectando a más de 155.000 personas.
- El precio medio del alquiler en España ha subido un 20% en los últimos cinco años.
- En la última década, el incremento alcanza el 94%.
- Según la OCDE, los salarios reales en España están un 4,2% por debajo de los niveles de principios de 2021.
Sumar advierte que la revisión al alza de los contratos supondría «el hundimiento de la capacidad de gasto y ahorro de las familias afectadas», en un contexto donde los hogares ya soportan una fuerte presión económica.
Hacia una reforma más amplia del mercado del alquiler
La propuesta de prórroga automática es, según Sumar, solo el primer paso para frenar la crisis de la vivienda en España. El grupo señala que, en paralelo a esta medida urgente, es necesario avanzar en reformas de mayor calado, como la implantación de contratos de alquiler indefinidos, la ampliación del parque público de vivienda y la regulación contra la compra especulativa.
«Frenemos la gran revisión de forma urgente y, en paralelo, tomemos medidas valientes que intervengan el mercado, amplíen el parque público y refuercen los derechos de las familias inquilinas», ha reclamado Alberto Ibáñez en nombre del grupo parlamentario.
La iniciativa de Sumar abre así un nuevo frente de debate en el Congreso, poniendo en el centro la protección de los inquilinos y el acceso universal a la vivienda en un momento de especial tensión social y económica.
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