Desvío de fondos: Ayuso destinó en 2022 más de 191 millones de euros de residencias a la sanidad privatizada
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, desvió en 2022 un total de 191,2 millones de euros procedentes del remanente de tesorería de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), responsable de la gestión de residencias públicas de mayores, para pagar facturas de la sanidad gestionada por empresas privadas. Esta operación, avalada por la Consejería de Sanidad bajo el argumento de su legalidad, ha sido confirmada tanto en documentación oficial como en informes de la Cámara de Cuentas de Madrid.
Transferencias millonarias a hospitales bajo concesión
Según recoge un reciente informe de la Cámara de Cuentas, en 2022 se destinaron 191,23 millones de euros del excedente acumulado de AMAS a cubrir “facturas de actividad asistencial llevada a cabo con medios ajenos”. Esta transferencia fue justificada por la Consejería de Sanidad como una “necesidad de crédito excepcional y urgente” para afrontar pagos derivados de la atención sanitaria prestada en hospitales públicos gestionados por empresas privadas a través del modelo de concesión administrativa.
La operación se suma a otra transferencia registrada en 2024, cuando 61,5 millones de euros de la misma agencia fueron dirigidos al grupo hospitalario Quirón para abonar la asistencia médica brindada en 2021 en la Fundación Jiménez Díaz, centro de referencia para pacientes que optaron por la “libre elección” de hospital.
Falta de transparencia en el destino de los fondos
A pesar de que Sanidad defiende la legalidad de estas transferencias, la Consejería no ha aclarado a qué empresas privadas se abonaron exactamente los 191 millones de euros desviados en 2022, ni si el importe fue recibido íntegramente por el grupo Quirón o también por otros operadores. Quirón gestiona en Madrid, además de la Fundación Jiménez Díaz, los hospitales Rey Juan Carlos (Móstoles), Collado-Villalba e Infanta Elena (Valdemoro). Por su parte, el grupo Ribera Salud es el concesionario del Hospital de Torrejón.
Un portavoz de Sanidad ha asegurado que el pago responde a la “actividad asistencial” prestada y ha destacado que la Cámara de Cuentas dispone de toda la fiscalización pertinente y legal. Sin embargo, no se han detallado los criterios exactos para considerar la situación como “excepcional” ni los motivos específicos para recurrir a los fondos destinados originalmente a la atención social.
El remanente de AMAS y su impacto en la planificación social
El informe de la Cámara de Cuentas pone el foco en el elevado remanente de tesorería de AMAS, que en 2021 alcanzó los 210,65 millones de euros. Esta cantidad supone, según el organismo fiscalizador, un “exceso de financiación” que debería llevar a la Comunidad de Madrid a revisar sus políticas de planificación presupuestaria, especialmente en un contexto en el que la atención a los mayores fue duramente golpeada durante la pandemia.
- En 2022, AMAS gestionaba 128 centros, de los cuales 25 eran residencias para personas mayores y 32 centros de mayores.
- Ese año, el presupuesto total de la agencia ascendía a casi 663 millones de euros.
- Las residencias y centros de día recibieron una asignación de 231 millones, apenas por encima del remanente transferido a la sanidad privatizada.
- Sólo 33,5 millones de los ingresos de AMAS procedían del cobro directo por estancias en residencias.
El 91% del excedente no utilizado en 2022 terminó destinándose a hospitales gestionados en régimen de concesión, mientras que las residencias de mayores continuaban enfrentando denuncias por falta de personal, recursos insuficientes y largas listas de espera. Cabe recordar que, en el pico de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, fallecieron más de 7.000 personas en residencias madrileñas.
El peso de la gestión privada en las residencias madrileñas
Actualmente, el 94% de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid están gestionadas por empresas privadas. Esta realidad, junto a la transferencia de fondos públicos destinados originalmente a la atención social para cubrir gastos de la sanidad privatizada, ha reavivado el debate sobre el modelo de gestión y la suficiencia de la financiación pública en los servicios esenciales para la población más vulnerable.
La Cámara de Cuentas insiste en la necesidad de un mayor control y transparencia en la planificación presupuestaria, especialmente en un contexto donde persisten las demandas por una mejor atención y más recursos para los mayores y dependientes de la región.
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