El Gobierno endurece el control sobre el alquiler y plantea bonificaciones fiscales a los caseros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva batería de medidas dirigidas a intensificar la intervención en el mercado del alquiler y a incrementar la oferta de vivienda pública. El anuncio se realizó en el marco del desarrollo urbanístico de Campamento, en Madrid, donde se prevé la construcción de 10.700 viviendas asequibles, un proyecto que acumula años de retraso mientras los precios de la vivienda continúan al alza.
Un nuevo Real Decreto-ley para regular el alquiler
Sánchez ha confirmado que el Ejecutivo trabaja en la aprobación del primer Real Decreto-ley del año, que tendrá como objetivo principal controlar de forma más estricta los precios del alquiler. Esta iniciativa contempla medidas orientadas a frenar la especulación, impedir subidas de precios en las renovaciones de contratos y combatir posibles fraudes y abusos, especialmente en los alquileres de temporada y por habitaciones.
- Bonificación del IRPF: Se propone una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que prorroguen los contratos de alquiler sin aumentar la renta.
- Regulación de alquileres de temporada: Se establecerán criterios más rigurosos para determinar cuándo un inmueble puede considerarse de temporada, junto con un régimen sancionador para quienes incumplan la normativa.
- Control sobre el alquiler por habitaciones: El precio máximo por habitación no podrá superar la renta fijada para el alquiler completo de la vivienda.
Compromiso con la vivienda pública
El presidente también ha reiterado la voluntad del Gobierno de ampliar el parque público de vivienda a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y mediante el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contará con una inversión superior a 7.000 millones de euros.
Sin embargo, la ejecución de los proyectos de vivienda pública ha sido puesta en entredicho, ya que muchas de las promociones anunciadas en los últimos años siguen sin materializarse y continúan acumulando retrasos. Esta situación dificulta aún más el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, un problema que preocupa cada vez más a la sociedad española.
Cambios fiscales y controversia política
El anuncio de estas nuevas medidas llega tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023, que ya supuso una reducción de la deducción fiscal para los propietarios: la rebaja en el IRPF sobre los ingresos del alquiler pasó del 60% al 50%, afectando a los nuevos contratos y a numerosos pequeños arrendadores.
Ahora, tras ese ajuste fiscal, el Gobierno busca incentivar la congelación de rentas mediante una bonificación total del IRPF para quienes mantengan los precios, en lo que algunos sectores interpretan como una maniobra electoralista. La propuesta, que aún debe superar el trámite parlamentario, ya ha encontrado oposición incluso entre los socios de investidura del Ejecutivo, como Sumar y Podemos, que han anunciado que no la respaldarán.
El acceso a la vivienda, un reto persistente
Este nuevo paquete de medidas se produce en un contexto de creciente dificultad para acceder a la vivienda, especialmente entre la población joven. Mientras los precios no dejan de subir y la oferta pública se retrasa, el Gobierno opta por endurecer la regulación y ofrecer incentivos fiscales a los propietarios, en un intento por frenar la escalada de los alquileres y mejorar la situación habitacional del país.
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