La antigua prisión de Málaga: un símbolo de represión franquista en el centro del debate sobre su futuro
La antigua prisión provincial de Málaga, testigo de algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente de España, vuelve a estar en el centro del debate público. Tras años de abandono y propuestas fallidas para su reconversión, el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, planea ceder el edificio para la creación de un centro de educación privada, lo que ha suscitado una fuerte oposición social y política.
Un pasado marcado por la represión
Inaugurada en 1933 durante la Segunda República, la prisión desempeñó un papel crucial durante la dictadura franquista, especialmente tras la entrada del Ejército sublevado en Málaga en 1937. Según la Junta de Andalucía, fue uno de los principales espacios de represión en la provincia, donde miles de personas fueron encarceladas y muchas ejecutadas, como ocurrió con Rafael Rivas Moreno, cuyo nombre, junto al de otras 200 víctimas, sigue presente en la memoria colectiva.
Los primeros años de la posguerra fueron especialmente violentos: «Cogen a la gente y sobre la marcha la detienen, ejecutan y entierran», explica Raquel Zugasti, historiadora del Movimiento por la Antigua Prisión (MAP). En 1938, la prisión llegó a albergar a más de 3.000 reclusos en un espacio diseñado para 800. Los fusilamientos y las llamadas sacas al cementerio de San Rafael eran habituales en aquellos tiempos.
La represión no se limitó a los años de la guerra; durante la Transición, personas como Rafael Crossa Béjar, militante del PCE, y María Soledad Palma Vicario, sindicalista de CCOO, también sufrieron prisión. Hasta su cierre definitivo en 2009, la cárcel fue testigo de la evolución social y política de Málaga.
Intentos fallidos de darle un nuevo uso
Tras su cierre, el edificio —de 14.000 metros cuadrados, de los cuales 10.000 están construidos— fue declarado Lugar de Memoria Histórica por la Junta de Andalucía en 2014. Desde entonces, se han sucedido múltiples propuestas para su recuperación: desde un centro cultural y de memoria hasta proyectos gastronómicos como el Basque Culinary Center. Sin embargo, la falta de concreción ha llevado a un progresivo deterioro del inmueble, ubicado en el barrio de Cruz de Humilladero.
En 2015, el alcalde Francisco de la Torre presentó un ambicioso plan para transformarlo en un espacio cultural con una inversión prevista de 24 millones de euros, pero nunca se llevó a cabo. La única intervención efectiva ha sido el derribo parcial de algunos muros y pabellones.
El giro hacia la educación privada
Más de quince años después del cierre, el Ayuntamiento ha anunciado que está ultimando el pliego para la concesión demanial que permitirá la rehabilitación del edificio y su uso educativo. Entre las propuestas recibidas destaca la de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), que planea instalar un centro de Formación Profesional (FP), una escuela de negocios y una academia de preparación para el examen MIR, además de un parque infantil y otro dedicado a la memoria histórica.
El Ejecutivo local justifica la decisión afirmando que busca «fomentar la educación» en la ciudad. No obstante, la iniciativa ha sido criticada por colectivos sociales y partidos de la oposición, que consideran que se trata de un nuevo avance en la privatización de servicios públicos y una oportunidad perdida para dotar al barrio de infraestructuras sociales y culturales.
- La Universidad Alfonso X El Sabio está controlada mayoritariamente por el fondo de inversión británico Cinven desde 2025.
- La propuesta incluye espacios para la memoria histórica, aunque la protección del edificio solo garantiza la conservación de la fachada.
- La oferta de plazas de FP privada en Andalucía triplica a la pública, según datos sindicales.
Reacciones y críticas
El Movimiento por la Antigua Prisión, que agrupa a vecinos, profesores y activistas memorialistas, denuncia el abandono deliberado del edificio para favorecer la especulación y rechaza la idea de convertirlo en un centro educativo privado. “Lo que hacen falta son centros públicos”, afirma José Vargas, miembro del colectivo, que subraya la falta de plazas públicas de FP en la ciudad.
Desde la oposición política, tanto el PSOE como la coalición Con Málaga (que integra a Podemos, Izquierda Unida y Verdes Equo) se oponen firmemente a la privatización. Consideran que debe destinarse el espacio a un uso social, vecinal y cultural, atendiendo a las necesidades del distrito de Cruz de Humilladero, el segundo más poblado de la ciudad, que sufre carencia de centros culturales y zonas verdes.
La tendencia a la privatización educativa en Málaga es evidente: en el último año se han inaugurado tres nuevas universidades privadas, mientras la pública Universidad de Málaga afronta dificultades financieras. Además, la Junta de Andalucía ha autorizado más de 9.000 nuevas plazas de FP en centros privados frente a poco más de 2.500 en centros públicos.
Un espacio para la memoria y el barrio
Para los colectivos sociales y buena parte del vecindario, la antigua prisión representa una oportunidad única para dotar al barrio de un gran centro ciudadano, con espacios para personas mayores, actividades comunitarias y memoria histórica. Raquel Zugasti insiste en la necesidad de que “el espacio sea útil para el propio barrio”, gestionado por los propios residentes.
La historiadora subraya la importancia de destinar una parte relevante del edificio a la memoria de la represión sufrida en Málaga, no solo durante la dictadura, sino a lo largo de toda su historia reciente. “El espacio tiene que estar gestionado por quienes saben lo que quiere la gente corriente y trabajadora de Málaga”, sostiene José Vargas.
El Ayuntamiento, por su parte, asegura que la concesión exigirá la rehabilitación del edificio y la obligación de dedicar un área a la difusión de la historia de la prisión. Sin embargo, los colectivos memorialistas consideran que la protección prevista es insuficiente y piden un nivel de protección integral que preserve todo el conjunto arquitectónico.
El futuro de la prisión, aún incierto
En las próximas semanas, el MAP organizará jornadas participativas para definir una propuesta alternativa junto a los vecinos y reclamar que el destino del edificio responda a las necesidades reales del barrio y de la ciudad. Mientras tanto, la polémica sobre el modelo de ciudad, la gestión de los espacios de memoria y el auge de la educación privada sigue abierta en Málaga.
“La ciudad se ha convertido en la oportunidad de todos los fondos de inversión”, resume el MAP, que ve en la reconversión de la antigua prisión una pieza más de un proceso que amenaza con desplazar a los habitantes tradicionales en favor de intereses privados y turísticos. “Sin nosotros, Málaga no tiene alma, es solo un escaparate”, concluyen desde el colectivo.
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