El PP respaldó en 2012 una financiación singular para Catalunya y Feijóo lo consideró viable

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El debate sobre un modelo de financiación singular para Catalunya ha vuelto a situarse en el centro de la agenda política española tras el reciente acuerdo entre el Gobierno central y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Sin embargo, la controversia adquiere un matiz singular al recordar que el Partido Popular (PP) ya propuso en 2012 una fórmula similar para la comunidad catalana y que el propio Alberto Núñez Feijóo, actual líder de la formación, llegó a admitir en 2016 que el sistema podía discutirse.

Críticas actuales del PP al acuerdo Gobierno-ERC

El PP ha mostrado su rechazo frontal al pacto anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que contempla una financiación específica para Catalunya en el marco de una reforma fiscal de mayor alcance. Desde las filas populares se ha subrayado que este acuerdo supondría conceder privilegios a Catalunya y vulnerar el principio de igualdad entre los territorios del Estado.

La reforma, que todavía debe superar el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados y se enfrenta a la incertidumbre de varias formaciones políticas, ya ha encontrado oposición en ejecutivos autonómicos como el de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Desde su gobierno han adelantado que, de salir adelante, recurrirán la medida ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de impedir su aplicación.

Las propuestas del PP en 2012: una financiación singular para Catalunya

A pesar de la postura actual, la hemeroteca muestra que el PP defendió en su programa electoral para las elecciones autonómicas de Catalunya de 2012 la necesidad de “una financiación singular” fundamentada “en el principio de ordinalidad”, términos que coinciden con los utilizados hoy por el Gobierno y ERC. El partido, entonces liderado en Catalunya por Alicia Sánchez-Camacho, reclamaba más recursos para la comunidad y una mayor responsabilidad en la gestión.

  • Incremento de los impuestos cedidos a la Generalitat.
  • Participación en la recaudación de impuestos dentro de un modelo propio.
  • Respeto al principio de ordinalidad, es decir, que Catalunya mantuviera su posición relativa respecto a la renta per cápita nacional.

El documento electoral del PP recogía la voluntad de diseñar “un nuevo sistema de financiación singular para Catalunya”, con el objetivo de corregir la insuficiencia financiera de la Generalitat y permitir que la comunidad atendiera sus competencias. Esta propuesta contemplaba además otorgar capacidad normativa a Catalunya, aunque dentro del régimen común de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Feijóo y la apertura al debate sobre el modelo catalán

El propio Feijóo, en una intervención en el Círculo de Economía de Catalunya en 2016, reconoció la posibilidad de reconsiderar el modelo de financiación, citando los casos del concierto vasco y navarro: “No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tiene Euskadi y lo tiene Navarra. Eso es absolutamente cierto. También es cierto que en la discusión constituyente, se llegó al acuerdo de que Cataluña no tuviese concierto. Ahora bien, es verdad que estas cosas se puedan cambiar y se puedan plantear y se pueden discutir”.

No obstante, la dirección actual del PP rechaza la propuesta del Ejecutivo y la califica como una “moneda de cambio” que pone en riesgo la igualdad entre los españoles. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha criticado duramente el acuerdo, acusando al Gobierno de priorizar a los independentistas y relegar al resto de ciudadanos.

Un debate recurrente en la política española

La reforma planteada por el Gobierno también ha recibido críticas desde sectores progresistas y del propio arco parlamentario. Sin embargo, las declaraciones y propuestas pasadas del PP reflejan que el debate sobre la singularidad financiera de Catalunya ha estado presente en diversas etapas y no es exclusivo de una sola formación política.

El recorrido parlamentario de la reforma se anticipa complicado, con la amenaza de recursos judiciales y la oposición de varias comunidades autónomas. Mientras tanto, la cuestión de la financiación autonómica sigue siendo uno de los principales retos para el equilibrio territorial y la cohesión del Estado español.

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