Polémica en Mineápolis: agente del ICE que mató a una mujer recibe apoyo e inmunidad federal
El reciente fallecimiento de Renee Good, una mujer de 37 años abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, ha desatado una ola de controversias políticas y sociales en Estados Unidos. El vicepresidente JD Vance defendió públicamente al agente involucrado, asegurando que goza de «inmunidad absoluta» al actuar en el ejercicio de sus funciones federales.
Defensa federal y acusaciones políticas
En una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, Vance insistió en que el agente de ICE actuó bajo el amparo de la ley federal durante una operación migratoria y, por tanto, está protegido ante cualquier proceso judicial estatal. Según el vicepresidente, la víctima habría intentado embestir al agente con su vehículo, calificando el hecho como una acción motivada por «ideología de izquierda».
Vance también arremetió contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, a quien acusó de «perseguir» al agente implicado y de obstaculizar el trabajo policial. El vicepresidente criticó además la cobertura mediática del caso, calificándola de «mal informada» y de contribuir a la confusión pública sobre los hechos.
“Ese mismo agente de ICE casi pierde la vida hace seis meses, arrastrado por un coche, y recibió 33 puntos de sutura en la pierna”, añadió Vance, aludiendo a antecedentes que, en su opinión, justificarían la reacción del funcionario.
Tensión institucional y bloqueo en la investigación
Las autoridades de Minnesota han expresado su frustración ante la falta de acceso a las pruebas del caso. El Buró de Aprehensiones Criminales (BCA) denunció que, a pesar de un acuerdo inicial para realizar una investigación conjunta sobre la muerte de Good, el FBI y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos les negaron el acceso a la evidencia crucial, incluyendo materiales de la escena del crimen y entrevistas clave.
El superintendente del BCA, Drew Evans, afirmó que sin acceso total a la información, no pueden garantizar una investigación transparente, lo que llevó a la retirada, aunque con reservas, del organismo estatal del proceso de esclarecimiento.
División de versiones y protestas ciudadanas
Mientras miembros del Gobierno republicano, como la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, han tildado a Renee Good de “terrorista interna”, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, sostiene que la acción policial fue injustificada. La investigación oficial todavía se encuentra en curso y persisten dudas sobre las circunstancias que rodearon el suceso.
De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, el exesposo de Renee Good negó que ella fuese activista o partícipe de protestas. Relató que la víctima era madre de tres hijos, trabajó como asistente dental y en una entidad crediticia, y se dedicaba principalmente a su familia. El día del incidente, Good habría dejado a su hijo menor en la escuela y se dirigía a casa cuando fue interceptada por agentes federales.
Reacción internacional y clima de tensión social
La Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por el caso. El portavoz del Secretario General, Stéphane Dujarric, subrayó la necesidad de que los responsables rindan cuentas y lamentó el impacto del video del incidente en la opinión pública internacional.
La muerte de Good ha intensificado las protestas contra el ICE en Mineápolis. En la segunda jornada de movilizaciones, al menos ocho personas fueron detenidas. El gobernador Walz declaró el estado de emergencia y movilizó a la Guardia Nacional, mientras las escuelas públicas de la ciudad suspendieron las clases como medida preventiva ante posibles disturbios.
- El caso reaviva el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales.
- Denuncias de falta de transparencia y acceso a pruebas complican la investigación.
- La comunidad local y organizaciones internacionales exigen rendición de cuentas y esclarecimiento de los hechos.
El incidente continúa generando profundas divisiones políticas y sociales en Estados Unidos, mientras prosiguen las investigaciones y crece la presión tanto a nivel estatal como federal para esclarecer lo ocurrido.
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