Víctor de Aldama reconoce los delitos del ‘caso mascarillas’ y solicita una rebaja de condena por su colaboración
El empresario Víctor de Aldama, implicado en la conocida trama Koldo y presunto comisionista en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, ha admitido la comisión de los delitos que le atribuye la Fiscalía. No obstante, ha pedido al Tribunal Supremo una reducción de la pena de prisión solicitada, alegando su “colaboración proactiva” en la investigación.
Aldama acepta su responsabilidad y pide una rebaja de la pena
Aldama se sentará en el banquillo en los próximos meses junto al exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García. En su escrito de defensa, presentado ante el Supremo, se declara responsable como autor de los delitos de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada, los mismos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía solicita una pena de siete años de prisión para Aldama, considerablemente inferior a los 24 años que pide para Ábalos y los 19 años y medio para Koldo García. No obstante, el empresario plantea que su condena sea reducida aún más, al considerar que la atenuante de confesión debería aplicarse en un grado “muy calificado” por su nivel de cooperación.
Colaboración decisiva en la investigación
El escrito de defensa de Aldama subraya que su colaboración con la Justicia fue “temprana y proactiva”, lo que permitió impulsar y ampliar las investigaciones sobre la trama de comisiones en contratos públicos durante la pandemia. Según su defensa, ha presentado documentación relevante y ha realizado varias declaraciones confesando los hechos, lo que ha facilitado el esclarecimiento de las responsabilidades de otros implicados.
Reconocimiento de los hechos y reparto de comisiones
Aldama ha aceptado íntegramente el relato de los hechos sostenido por la Fiscalía. Admite que realizó pagos tanto a Ábalos como a Koldo García, en el marco de un acuerdo global de comisiones, que tenía como objetivo facilitar la obtención de contratos públicos y la realización de diferentes gestiones ante el Ministerio y otros organismos de la Administración.
Según las cifras aportadas, Aldama obtuvo 53 millones de euros a través de contratos públicos de mascarillas, de los cuales percibió una comisión aproximada del 10%. La mitad de ese porcentaje fue destinada a los otros dos acusados: dos millones de euros para Ábalos y 500.000 euros para Koldo García, cantidades que, según el empresario, le fueron solicitadas directamente.
Vínculos empresariales y exclusión de Villafuel
En su defensa, Aldama ha intentado desvincularse de la empresa Villafuel, asegurando que nunca formó parte de su estructura ni compartía intereses en la compañía, más allá de las gestiones de intermediación solicitadas por Ábalos y Koldo García para la obtención de licencias en el sector de hidrocarburos.
El empresario añade que sus relaciones comerciales en el sector de hidrocarburos se limitaron a la firma de contratos de prestación de servicios con varias empresas comercializadoras, en un mercado donde operan múltiples proveedores. Aldama confirma que, una vez Villafuel obtuvo el título de operador, también se establecieron relaciones comerciales con dicha empresa, en línea con la dinámica habitual del sector.
Próximos pasos en el proceso judicial
El juicio contra Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García se celebrará en los próximos meses. La declaración y colaboración de Aldama podrían ser decisivas en el desarrollo de la causa y en la determinación de las responsabilidades finales de los acusados.
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