El caso García Ortiz: un banco de pruebas para desacreditar al Supremo y blindar a Pedro Sánchez
El proceso judicial contra Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, se ha convertido en un punto clave para entender la actual estrategia del Gobierno en relación con la justicia española. Según fuentes jurídicas, el Ejecutivo estaría utilizando este caso como un «banco de pruebas» para desacreditar al Tribunal Supremo y, de ese modo, proteger al presidente Pedro Sánchez y a su entorno frente a posibles futuras actuaciones judiciales.
Condena del ex fiscal general del Estado
En noviembre pasado, el Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos, relacionado con la difusión de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia impuso una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros, y la inhabilitación especial para ejercer como fiscal general del Estado durante dos años.
María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, denunció la semana pasada supuestas vulneraciones de derechos fundamentales de García Ortiz por parte de la Sala Segunda del Alto Tribunal. Por este motivo, ha presentado un incidente de nulidad, paso previo a un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Una estrategia para desacreditar al Supremo
Fuentes jurídicas consultadas advierten que este caso está siendo instrumentalizado por el Gobierno para crear un ambiente propicio que permita acusar al Tribunal Supremo de practicar «lawfare» —el uso político de los tribunales—. El objetivo final sería justificar el rechazo a posibles suplicatorios en el Congreso de los Diputados, en caso de que el Supremo solicite autorización para investigar a Pedro Sánchez por cuestiones relacionadas con corrupción.
Según estas fuentes, el Ejecutivo socialista estaría organizando una campaña coordinada para debilitar la credibilidad del Alto Tribunal. De este modo, se busca anticipar y neutralizar cualquier intento de imputar judicialmente al presidente del Gobierno, blindándole frente a eventuales procedimientos judiciales.
Reacciones desde el Gobierno y el PSOE
El propio Pedro Sánchez ha defendido públicamente la inocencia de García Ortiz antes, durante y después del juicio, lo que ha sido interpretado como una injerencia en el Poder Judicial. Además, Sánchez ha señalado que el entonces fiscal general «defendió la verdad» y ha emplazado al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, a corregir la sentencia del Supremo.
Otras voces del Gobierno y del PSOE han criticado abiertamente la actuación del Alto Tribunal. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, calificó de «infame» la sentencia, criticando el tiempo invertido en su redacción y comparándola irónicamente con los «guiones de Hollywood». Por su parte, Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, afirmó que la resolución del Supremo produce «más vergüenza» que el propio fallo condenatorio, cuestionando la cabida de este tipo de sentencias en un Estado de derecho.
Opciones para exonerar a García Ortiz
El Ejecutivo estudia diferentes vías para exonerar o al menos reducir la condena impuesta a García Ortiz, evitando así su expulsión definitiva de la Carrera Fiscal. Entre las opciones consideradas destacan:
- Un recurso ante el Tribunal Constitucional, que podría anular o modificar la sentencia del Supremo.
- La aprobación de un indulto parcial por parte del Gobierno, que rebajaría la inhabilitación a menos de seis meses, lo suficiente para que García Ortiz no pierda su puesto como fiscal.
Si el Tribunal Constitucional no revoca la condena, el Ejecutivo estaría dispuesto a recurrir al indulto parcial. El presidente Sánchez ha reiterado recientemente su confianza en que el Tribunal Constitucional enmendará la decisión del Supremo.
Implicaciones políticas y judiciales
El desarrollo de este caso puede sentar un precedente relevante en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial en España. La estrategia de confrontación y desacreditación del Supremo podría tener repercusiones a largo plazo en la percepción pública de la independencia judicial y en futuros procedimientos que afecten a figuras políticas de primer nivel.
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