La presión judicial sobre los gobiernos de Moreno Bonilla y Mañueco en un año clave electoral
El año 2026 se presenta como un periodo decisivo en el ámbito político autonómico español, especialmente para Andalucía y Castilla y León. Juanma Moreno Bonilla y Alfonso Fernández Mañueco, dos de los presidentes autonómicos más veteranos del Partido Popular, afrontan un ciclo electoral marcado por la apertura de varias investigaciones judiciales que ponen en entredicho su gestión y amenazan con influir en los próximos comicios.
- La presión judicial sobre los gobiernos de Moreno Bonilla y Mañueco en un año clave electoral
- Escándalo en los cribados de cáncer de mama en Andalucía
- Contrataciones sanitarias bajo sospecha
- El caso mascarillas en Almería: una trama que sacude al PP andaluz
- Castilla y León: la gestión de los incendios bajo la lupa
- Contexto electoral y repercusiones políticas
Escándalo en los cribados de cáncer de mama en Andalucía
En Andalucía, la Fiscalía investiga desde octubre de 2025 posibles irregularidades en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Tras recibir denuncias de diversas organizaciones y partidos políticos como Adelante Andalucía, Izquierda Unida y Vox, el Ministerio Público abrió diligencias para esclarecer las deficiencias detectadas en la prestación sanitaria y el funcionamiento del protocolo de cribado.
El núcleo de la investigación se centra en la demora de más de un año para realizar segundas pruebas a pacientes ya diagnosticadas, lo que habría derivado en diagnósticos tardíos, tratamientos más agresivos y, en algunos casos, el fallecimiento de mujeres que no recibieron seguimiento clínico adecuado. Las denuncias apuntan a la exconsejera de Salud, Rocío Hernández, a sus antecesores, y a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, por posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones y omisión del deber de prestar servicios sanitarios.
Contrataciones sanitarias bajo sospecha
La gestión de los contratos sanitarios durante y después de la pandemia ha motivado la apertura de dos causas distintas. Por un lado, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla investiga a la actual y anteriores gerentes del SAS por presunta prevaricación en la adjudicación directa de contratos de emergencia, por un valor presupuestado de hasta 242 millones de euros.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz indaga en el presunto fraccionamiento de contratos menores del SAS en la provincia, donde en 2021 se emitieron más de 135.000 documentos por un total de 235 millones de euros. La investigación surgió tras la denuncia de Podemos Andalucía sobre el uso abusivo de esta modalidad para eludir controles y límites legales.
El caso mascarillas en Almería: una trama que sacude al PP andaluz
A finales de 2025, la denominada “operación mascarillas” impactó en el corazón del PP almeriense. La Guardia Civil detuvo al entonces presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como a otros altos cargos, en el marco de una investigación sobre la adquisición de material sanitario en la pandemia por más de dos millones de euros. La causa se ha extendido a otros contratos, incluyendo obras públicas, y se centra en delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales y corrupción en la contratación pública.
La rápida dimisión de los implicados y la suspensión cautelar de militancia han buscado contener el daño institucional, aunque el escándalo golpea uno de los principales feudos del PP en Andalucía.
Castilla y León: la gestión de los incendios bajo la lupa
En Castilla y León, la Fiscalía abrió diligencias en octubre de 2025 contra el presidente Mañueco y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la denuncia de la plataforma Bierzo Aire Limpio. Se investigan las posibles responsabilidades penales por la gestión de los incendios forestales que arrasaron 138.538 hectáreas y causaron la muerte de tres personas el pasado verano.
- Presunta prevaricación por omisión
- Delitos contra el medio ambiente
- Omisión del deber de socorro
La denuncia detalla la falta de medidas preventivas, la baja ejecución presupuestaria en prevención y la ausencia de coordinación con los servicios de emergencias, lo que habría agravado las consecuencias del desastre. Según la organización denunciante, la Junta solo ejecutó el 48% del presupuesto previsto para la prevención de incendios y mantuvo un operativo insuficiente pese a los antecedentes y los datos técnicos que advertían del riesgo extremo.
A finales de noviembre, esta denuncia se amplió ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aportando nuevos documentos que refuerzan la acusación de una gestión negligente y una deficiente planificación estructural durante más de una década y media.
Contexto electoral y repercusiones políticas
La confluencia de estas investigaciones judiciales con el calendario electoral amenaza con alterar las expectativas del Partido Popular en Andalucía y Castilla y León. A pesar de las mayorías consolidadas de Moreno Bonilla y la aspiración de Mañueco a lograr la mayoría absoluta, la presión mediática y judicial podría afectar significativamente los resultados en las urnas.
En un año donde la gestión pública y la transparencia serán cuestiones centrales en la campaña, el desenlace de estas causas judiciales será determinante para el futuro político de ambos dirigentes autonómicos y del propio Partido Popular en el ámbito regional.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
