María Jesús Montero avaló personalmente el rescate a Plus Ultra: su papel clave en la decisión política
El controvertido rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra ha situado a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, en el centro de una compleja red de decisiones políticas y responsabilidades institucionales, especialmente vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Implicación directa de Montero en el rescate
Fuentes internas han confirmado que Montero no fue una figura secundaria en la tramitación del rescate a Plus Ultra, sino que tuvo un papel decisivo. Según los datos recabados, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acudió a Montero tras recibir la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se aprobara la ayuda. Ante esta solicitud, Montero confirmó que la SEPI apoyaría el rescate, comprometiéndose personalmente en el proceso y trasladando la decisión al Consejo de Ministros, que finalmente aprobó el desembolso de 53 millones de euros.
Cadena de responsabilidades políticas
El proceso de rescate implicó a diversos altos cargos gubernamentales, cada uno cumpliendo un rol específico:
- Pedro Sánchez: Respaldó las gestiones y presiones a favor de la ayuda.
- José Luis Ábalos: Como ministro de Transportes, fue el encargado inicial de tramitar la petición.
- María Jesús Montero: Como ministra de Hacienda y responsable última de la SEPI, avaló y presentó la propuesta al Consejo de Ministros.
- Bartolomé Lora: Vicepresidente de la SEPI durante el rescate, actuó como garante financiero tras la salida del anterior presidente, Vicente Fernández Guerrero.
De esta manera, todos los responsables políticos involucrados quedan bajo el foco de la opinión pública y, potencialmente, de las investigaciones sobre la gestión de fondos públicos.
Antecedentes y otros casos que salpican a Montero
No es la primera vez que la ministra de Hacienda se ve rodeada de polémica por su gestión. La SEPI, bajo la tutela de Hacienda, ha sido objeto de investigaciones por presuntos amaños en contratos públicos. Montero, como máxima responsable de la entidad, tiene la obligación de supervisar y garantizar la transparencia en la gestión de fondos estatales y europeos.
Cabe recordar que Montero fue quien designó a Vicente Fernández Guerrero como presidente de la SEPI, cargo del que fue relevado tras ser detenido en el marco de otra investigación. Las pesquisas incluyeron registros tanto en la sede de la SEPI como en dependencias del Ministerio de Hacienda.
La figura de Leire Díez y las contrataciones en pandemia
Montero también fue responsable de la inclusión de Leire Díez como representante de la SEPI en el equipo ministerial encargado de gestionar contrataciones de urgencia durante la pandemia. Esta posición otorgó a Díez acceso a la gestión de grandes sumas de dinero, ahora bajo evaluación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Leire Díez ha desempeñado cargos en empresas públicas dependientes de la SEPI, como ENUSA y Correos, y fue consejera de Cistec Technology. Esta última empresa recibió en 2021 una inversión pública significativa, incluyendo la compra del 25,5% de sus acciones por parte de SEPIDES (filial de SEPI), a pesar de sus dificultades financieras y deudas estatales. Además, Cistec obtuvo transferencias del Ministerio de Asuntos Económicos y del de Industria en el mismo ejercicio.
Investigaciones en curso y conexiones políticas
La investigación de la UCO ha sacado a la luz otros nombres cercanos al entorno de Montero. Entre ellos figura Fernando Albert Aragón, alto cargo de Sepides, quien firmó la adjudicación de un contrato bajo sospecha de haber generado una comisión ilegal de 400.000 euros. Aragón, al igual que Fernández Guerrero, coincidió con Montero en la Junta de Andalucía y fue incorporado a la SEPI tras la llegada del actual Gobierno.
Conclusión
El rescate a Plus Ultra, así como los casos relacionados con la gestión de la SEPI, mantienen a María Jesús Montero en el punto de mira. A pesar de haber evitado hasta ahora imputaciones formales, la vicepresidenta primera se enfrenta a un creciente escrutinio sobre su gestión y las decisiones tomadas en el ámbito de las empresas públicas y el uso de fondos estatales y europeos.
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